Me he referido ya en otras ocasiones tanto a la venta de obras de arte por parte de colecciones públicas como a las deficiencias en la catalogación y consiguiente protección del patrimonio artístico en las diferentes administraciones españolas. La situación no sólo no ha mejorado sino que, con la crisis y con la extensión de ideas nocivas sobre la improductividad del gasto cultural, ha empeorado. Recientemente hemos conocido algunos nuevos casos de pérdidas patrimoniales. Cuando se venden obras pertenecientes a un particular o a una empresa privada que las hubieran mantenido en su casa o en sus dependencias, no tendremos nada que lamentar. Quizá pensaron en su momento que hacían una buena inversión; quizá obtengan beneficios… quizá pierdan dinero. El mercado del arte, por mucho que digan, es una lotería. Sí, se pueden introducir cálculos que aminoren el riesgo, mas no es nada difícil que la cotización de lo adquirido disminuya. Pero si se venden obras procedentes de una colección pública sí tendremos que recriminar a sus responsables. Y cuando ha habido algún tipo de colaboración pública-privada, ¿qué? Deberemos respetar la voluntad del particular o la empresa, pero también examinar si la administración correspondiente ha hecho todo lo posible para: a) asegurarse en su momento de que esa colaboración era estable y favorecía ante todo al ciudadano, y b) evitar en la medida de sus posibilidades que la obra regrese desde el dominio público al privado.

1.  El 3 de julio, uno de los nietos de Ignacio Zuloaga sacó a subasta en Sothyeby’s, Londres, la Crucifixión de El Greco que se expuso durante décadas en el Museo Zuloaga de Zumaia. Los tres nietos del pintor habían dividido la herencia, correspondiendo el antiguo museo –ahora llamado Espacio Zuloaga, supongo que por haber sido desprovisto de buena parte de esa colección de arte- a uno de ellos, Rafael Suárez-Zuloaga, aunque el catálogo de Sotheby’s no aclara cuál de los descendientes es el vendedor. Áncora, Agrupación para la Conservación del Patrimonio, dio la voz de alarma unos días antes de la subasta pero no había ya nada que hacer, pues la salida de la obra de España había sido autorizada por el Ministerio de Cultura. La asociación, no obstante, censuró que la operación se hiciera “con el total desconocimiento de la opinión pública” y ante “la pasividad absoluta de la Diputación, a quien la ley de Patrimonio Cultural Vasco atribuye la facultad de tutela respecto a los bienes del territorio”. Sorprende que el Ministerio, que se prepara para celebrar el cuarto centenario del fallecimiento de El Greco, que gestiona el museo estatal dedicado a él en Toledo y que participa en la fundación creada para la conmemoración, no haya movido un músculo para evitar la venta fuera de España de una buena obra del pintor –sólo se conservan tres grandes crucifixiones suyas-, adjudicada en 4 millones de euros. No sabemos quién lo ha comprado. Probablemente un particular.

2. Antón Iráculis, director de Urvasco, conglomerado de dieciocho empresas inmobiliarias (Vízcaína de Edificaciones) y hoteleras (cadena Silken), ha retirado del Museo de Bellas Artes de Bilbao un conjunto de obras que había depositado en él. De la mano del galerista Pedro Carreras, encargó a diversos artistas obras en las que rindieran homenaje a Eduardo Chillida, fallecido poco antes, las cuales se expusieron en el museo en 2006 y allí quedaron, algunas expuestas y otras almacenadas. Costaron unos 10 millones de euros. A Iráculis no le han ido bien las cosas y debe a la hacienda vizcaína 30 millones de euros. Ofreció esta colección en dación, pero fue rechazada. Las obras se vendieron en Christie’s Londres: aquí (salvo las dos primeras obras de la lista) y aquí pueden verlas, con los precios alcanzados por cada una. Me he entretenido en hacer la cuenta: los lotes vendidos suman, groso modo, 12,13 millones de euros, de los que 4,8 corresponden a una sola obra, la monumental escultura de Chillida que Urvasco había cedido al Ayuntamiento de Bilbao para la plaza de las Torres Isozaki, construidas por Vizcaína de Edificaciones. Al director del museo, Javier Viar, le habría gustado poder conservar la colección pero no ha habido quien le apoye. Son los gajes de los depósitos.

3. Madridec (Madrid Espacios y Congresos) empresa municipal que gestiona infraestructuras públicas como el tristemente famoso Madrid Arena y cuyo actual presidente es el ex-Delegado de las Artes Fernando Villalonga, vendió también en subasta, esta vez en Ansorena, Madrid, un grupo de 26 obras de su colección, para paliar la enorme deuda acumulada por la empresa, de 340 millones de euros. La decisión ha sido muy desafortunada, porque se han malvendido obras muy interesantes para el patrimonio público madrileño, y lo conseguido, sólo 322.000 euros, es calderilla en comparación con las deudas de Madridec. La historia ha sido ampliamente difundida, pero hay algunos detalles a subrayar. Primero: cuando se compra mal, se valora mal. Se ha publicado que “el Ayuntamiento de Madrid compró 209 obras de arte contemporáneo en 1994 como parte del equipamiento del recién construido Palacio de Congresos del Campo de las Naciones. Pagó por ellas 4,2 millones de euros”. ¿Es esa forma de comprar arte? ¿Así, a bulto? ¿A quién se compraron esas obras? ¿Quién las eligió? Si tienen alguna información al respecto, agradecería mucho que me la transmitieran. Segundo: las obras se han podido vender, con garantía legal aunque sin convocar al consejo de administración de Madridec (Villalonga tiene competencias delegadas por parte de este), porque, según explicó ante el Pleno municipal la alcaldesa Ana Botella, que había calificado antes las obras como activos improductivos: “No se hace informe porque no es necesario, porque ni se ajustan las obras de arte, ni están inventariadas, ni están declaradas bienes de interés cultural, no forman parte ni del inventario autonómico ni del local, y por tanto no es preceptivo el informe que dicta la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid”. Pues muy mal. Tendrían que estar inventariadas y protegidas. Madridec es de propiedad municipal y su patrimonio es de los madrileños. Sobre el estatus artístico de los cuadros, opina: “Campo de las Naciones lo compra, dentro de la contrata (si no me equivoco, FCC y Dragados), para decoración interior, es decir, no se compra ni se adquiere con ningún criterio museístico ni museográfico. Se compran para la decoración del palacio”. Para decorar, se compran carteles y vinilos, digo yo, no obras de arte por valor de 4 millones. Más: “estos cuadros se encontraban en espacios poco frecuentados por los clientes y su mantenimiento requería cuantiosas inversiones que no corresponden al objeto de Madrid Espacios y Congresos”. Pues se podrían haber cedido al Museo de Arte Contemporáneo, en Conde Duque.

En otras circunstancias, con otras prioridades en los gobiernos, en otro mundo, todo esto no habría sucedido. La crucifixión de El Greco seguiría en España, el Museo de Bellas Artes de Bilbao habría conservado la colección de Urvasco, el Ayuntamiento de Madrid habría catalogado e integrado las obras en el patrimonio municipal. ¿Es legal lo que se ha hecho en todos los casos? Sí. Pero ¿qué idea nos transmite?