El pasado 14 de abril, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (PP), y el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), dieron una rueda de prensa para anunciar con una antelación muy inhabitual una exposición multisede, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Entre Constantino y Justiniano, que se celebrará entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. El objetivo último, declarado, es igualar el éxito que tuvo hace veinte años la muestra El esplendor de los omeyas cordobeses, en Medina Azahara, y así espolear la actividad turística. El alcalde, “ha justificado esta exposición como una forma de buscar el relanzamiento de la cultura en la ciudad diez años después de la derrota en la lucha por la Capitalidad” (ABC), como si nada hubiese ocurrido en la ciudad en el ámbito cultural en todo este tiempo y nada pudiese ocurrir al margen de los “grandes eventos”. Además “ha subrayado la importancia de la colaboración público privada –sin dar detalles sobre posibles patrocinios– para llevar a buen puerto esta exposición, así como que la misma debe servir de impulso para el sector turístico en un periodo postcovid”.
No parece muy realista esta pretensión. Por supuesto, el aparato promocional del Ayuntamiento se pondrá a pleno funcionamiento para vender el producto pero, aunque su argumento pueda resultar muy interesante para los historiadores y aficionados a la historia, e incluso para los cristianos muy profesantes, me da que al gran público lo va a dejar un poco frío. La comisaria, Alexandra Chavarría, profesora de Arqueología Medieval en la Universidad de Padua y bastante vinculada en los últimos años a Córdoba a través de las actividades del Cabildo de su catedral (cuyo Foro Osio promovió la publicación de su libro Arqueología de las primeras iglesias del Mediterráneo), esboza así, en respuesta a mis preguntas, sus contenidos:
“La exposición tiene como objetivo comprender el papel que tuvo el cristianismo, entre otros factores, en la transformación del mundo romano en el Mediterráneo y explicar este particular período histórico comprendido entre los siglos IV y VI. Se trata de una época menos conocida que la fase precedente (imperio romano) y sucesiva (final del reino visigodo y Al-Andalus) pero es muy importante en cuanto se produce el paso de un imperio que comprendía todo el Mediterráneo a una Europa de pequeños reinos que en gran parte son en los que hoy está dividido nuestro continente. Se produce además la cristianización del tiempo y del espacio, elementos característicos en la formación de la identidad europea. De todos estos aspectos se conservan importantes testimonios materiales que serán presentados en relación al contexto histórico mediterráneo del que formaron parte”. Espera contar con “un centenar de piezas icónicas de gran valor histórico y artístico procedentes de unos 70 museos nacionales e internacionales”.
Se confía, para atraer al público, en los objetos relacionados con la vida cotidiana y con la liturgia pero, sobre todo, en el show. Según ha puntualizado la comisaria, “se contará con las nuevas tecnologías, digitales e inmersivas, para que quien entre en la exposición salga de ella con ganas de volver a entrar porque sea una exposición espectacular”. En ello ha abundado la consejera Del Pozo, que se ha metido en un par de jardines en los que me centraré a continuación. De un lado, pretende ocupar como segunda sede de la exposición –la primera sería la sala Vimcorsa, municipal– el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), autonómico, que está sin director tras finalizar el contrato, en marzo, de Álvaro Rodríguez Fominaya sin que ella haya tenido la previsión de planificar, meses atrás, su sucesión. De otro lado, “ha relacionado la exposición con los restos encontrados en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, que ha visitado también en la mañana de este miércoles, y que se corresponden con un complejo episcopal de la misma época en que se centrará esta exposición”, con lo que toma de alguna manera partido en los debates, que luego examinaremos, sobre el significado y sobre la propiedad del monumento.
Injerencia política en el C3A
Por su cuenta y riesgo, Patricia del Pozo ha prometido el C3A a los organizadores de la exposición, disponiendo de manera autoritaria y sin avisar a nadie de un espacio que tiene su estatuto, sus fines y su funcionamiento bien reglamentados. Hablamos de una clara injerencia política en la que un alto cargo impone a una institución cultural una actividad completamente ajena a sus objetivos y, para más inri, con carga ideológica, como luego veremos.
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) fue inaugurado en diciembre de 2016 por Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía (PSOE), tras una inversión de 30 millones de euros. Hubo bandazos y debates sin fin durante su agitada gestación y sus primeros años de andadura pero en 2018 fue finalmente adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), con sede principal en Sevilla, cerrándose por fin la definición del proyecto. No sé si se hizo de la mejor manera: una institución independiente parece a priori la opción ideal… aunque con esa condición habría quedado más desprotegida aún en el contexto político. Qué lástima tener que reconocer que los gobernantes suponen a menudo más una amenaza que una garantía…
La Ley 2/1990 de 2 de febrero, que crea el CAAC, establece ya que “tendrá por finalidad aglutinar y potenciar la actividades de fomento, conservación, investigación y difusión de todas las áreas vinculantes con el arte contemporáneo en sus múltiples manifestaciones”, algo que se reitera en el Decreto 68/2018 por el que se aprueban sus estatutos. Esa normativa, en la que se adscribe el C3A al CAAC, determina también los fines de este “satélite” cordobés: “El Área de Creación Contemporánea tendrá por finalidad facilitar los medios para desarrollar los distintos aspectos que intervienen en la creación del arte y muy especialmente orientado a las potencialidades de las nuevas tecnologías. Por ello, este área desempeñará las funciones en torno a las ideas, procesos, exhibición, difusión, conocimiento, encuentro, iniciación, formación, gestión y crecimiento, vinculadas al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba”.
El C3A no es un edificio, un contenedor: es un proyecto cultural que debe dedicarse a la creación actual y no a alojar exposiciones arqueológico-turísticas. La legislación está para ser cumplida. Y quienes nos gobiernan están aún más obligados. He preguntado a través de su departamento de prensa a Patricia del Pozo cómo justifica esta vulneración de la normativa y esta intromisión en la programación del centro de arte, señalándole que se ha saltado a la Comisión Técnica del CAAC, que ha de aprobar las exposiciones que se harán en los espacios de Sevilla y de Córdoba y que está integrada por Juan Antonio Álvarez Reyes (director del museo), Natalia Bravo (profesora de la Universidad de Málaga), Juan Cuenca (artista y arquitecto), Juan Bosco Díaz Urmeneta (profesor de la Universidad de Sevilla y crítico de arte), Estrella de Diego (catedrática de la Universidad Complutense), Francisco Jarauta (catedrático de la Universidad de Murcia), María Dolores Jiménez-Blanco (profesora de la Universidad Complutense y Directora General de Bellas Artes), Luisa López (ex directora del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y comisaria de exposiciones), Víctor Pérez Escolano (ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y catedrático de la Hispalense), Ana Salaberria (comisaria de exposiciones) y Berta Sichel (comisaria de exposiciones). Apuesto a que esta comisión, de ser consultada, no habría dado el visto bueno a la “intervención expositiva” del C3A.
La Consejería reconoce que “La Comisión Técnica aprueba la programación general del centro” pero pretende soslayar ese filtro al informar de que “la solicitud del ayuntamiento de Córdoba la ha realizado directamente a la Secretaría General que tras reunión con la comisaria ha considerado idónea la cesión del espacio, de forma excepcional, para dicha exposición que va a incorporar las nuevas tecnologías en el discurso expositivo”. La Secretaría General a la que se refiere es la de Innovación Cultural y Museos, cuya titular es Mar Sánchez Estrella (sucesora del “dimitido” Fernando Francés), que no parece respetar demasiado la autonomía de gestión que otorga al CAAC según el artículo 1º de sus estatutos.
Además, el Departamento de Cultura explica que “La realización de una exposición que quiere, con un lenguaje del siglo XXI, mostrar la historia y el arte de Córdoba en un periodo muy concreto, entendemos que no vulnera ningún principio del estatuto de creación. Un centro de creación de arte contemporáneo puede perfectamente interactuar con otros periodos de la historia del arte, siempre bajo la premisa de la calidad y el rigor científico”. Que la exposición vaya a incorporar “nuevas tecnologías” en el montaje para hacerse más atractiva no significa en absoluto que vaya a existir un “diálogo” entre la creación actual y otros momentos históricos –no dialogan los edificios o las herramientas sino los artistas que intervienen en ellos y que las emplean, ausentes de este proyecto–, y la premisa de calidad y rigor debería darla por cumplida la Comisión Técnica del CAAC.
Los artistas y profesionales del arte andaluces ya han expresado su malestar a través de sendos comunicados de la Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA) y del Instituto de Arte Contemporáneo. Ambas asociaciones ponen el dedo en la llaga al vincular esta decisión de la Consejería con el hecho de que haya dejado sin dirección al C3A. Como apunté antes, el contrato de Álvaro Rodríguez Fominaya finalizó en marzo y, al haberse formalizado a través de una licitación, no podía prorrogarse. Recurrir a la licitación para contratar un director es un absurdo que se inventó precisamente la Junta de Andalucía para el C3A (lean si quieren saber más mi artículo El director licitado, referido al primer concurso, que se dejó desierto) y que después han secundado otras administraciones con impedimentos para incorporar personal que no sea funcionario (y apenas hay en Andalucía o en España personas que hayan aprobado la oposición del cuerpo de conservadores de museos con probada experiencia en creación actual, pues suelen ser expertos en Arqueología o en arte de la Edad Moderna). En fin, el concurso en el que resultó ganador Rodríguez Fominaya se hizo finalmente con garantías y con participación de las principales asociaciones profesionales del sector del arte, aunque fue un viacrucis para los contendientes (algunos excluidos por cuestiones de forma), como se deduce del documento de resolución del procedimiento.
Si no hay más remedio, venga la licitación. Pero la realidad es que hace meses, como tarde en enero, la Consejería debería haber publicado los pliegos para cubrir la plaza. Y aún no lo ha hecho. Es más, no está claro que vaya a hacerlo. A pesar de que Del Pozo afirmó hace unos días que está en ello, la respuesta oficial a mi consulta sobre la posibilidad de ampliar la RPT del CAAC para incorporar un director deja las cosas en el aire: “Cuando llegamos al gobierno en 2019, el C3A llevaba abierto tres años con el contrato para el proyecto de dirección artística en vigor. En ningún momento el director del CAAC mostró la necesidad de modificar dicha RPT. De hecho ha sido ahora cuando desde los servicios centrales de la Consejería de Cultura se está trabajando en la idoneidad o no de su modificación”. Si están considerando modificar la RPT es que no va a haber licitación en corto-medio plazo y, por tanto, el C3A estará sin director no sabemos hasta cuándo. Estas cosas van muy despacio. Recuerden que el Centro Andaluz de Fotografía está descabezado desde que Fernando Francés se quitó de en medio a Rafael Doctor.
Para justificar la ocupación del C3A, el alcalde ha dicho que, además de este espacio, “Córdoba no cuenta con una sala de gran formato que cumpla con los estándares de calidad para la cesión de obras de grandes museos”. Para empezar, no parece que se necesite tantísimo espacio: según la comisaria serían unas cien obras las expuestas y seguramente habrá muchas bastante pequeñas (imaginen las que caben en una vitrina de un museo arqueológico con vestigios de ese periodo). Ya lo reconoce el alcalde cuando aclara que la muestra no va a ocupar todo el C3A, sino una parte del mismo (y eso contando las atracciones inmersivas). Y, para continuar, no es cierto que no existan alternativas. Vamos a ver cuáles podrían ser.
- La Sala Vimcorsa, municipal. Ya se cuenta con ella para esta exposición.
- El Museo Arqueológico de Córdoba, remodelado recientemente. Sería el espacio más lógica. Su sala de exposiciones es muy pequeña pero puede adaptar su exposición permanente. Ya en 2012 fue una de las sedes de la exposición Córdoba reflejo de Roma (también en Vimcorsa y la Sala Orive).
- La Sala Orive, municipal. Un espacio con mucha personalidad al que se puede llevar tanto una parte de las piezas de museo como la cosa teconológica.
- El Museo de Medina Azahara, autonómico. Edificio nuevo y diáfano de Nieto y Sobejano.
- El Teatro Cómico Principal, autonómico. Es también muy amplio. En la actualidad acoge una exposición de fotografías de gran formato de José María Mellado.
- Caballerizas Reales, municipal. Es un proyecto de Bellido, que quiere crear una sala de exposiciones en su primera planta, reservando la planta baja al Centro Internacional del Caballo. Ha declarado que hasta que el presupuesto no entre en vigor no podrá iniciar la expropiación y adecuación del edificio. Tiene más de año y medio hasta que comience el montaje de la exposición: le podría dar tiempo.
Me parece que, con buena voluntad, se puede evitar la extraña ocupación del C3A.
Córdoba cristiana
La exposición Córdoba y el Mediterráneo cristiano la anunciaron la consejera y el alcalde tras visitar, esa mañana, las excavaciones que el Obispado de Córdoba está llevando a cabo en el Patio de los Naranjos. La propia Patricia del Pozo dejó ver que ambos proyectos están relacionados al afirmar que la muestra está “llena de actualidad cuando los trabajos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral han dejado al descubierto los restos del complejo episcopal de San Vicente”. Estas excavaciones, que conducen Raimundo Ortiz, arqueólogo del Cabildo, y Alberto León, profesor de la Universidad de Córdoba, tienen como fin reexaminar los hallazgos que hizo entre 1930 y 1936 Félix Hernández, y aclarar si existió bajo la mezquita una antigua basílica cristiana. Las disputas entre los arqueólogos sobre este asunto dan para libro y ni siquiera voy a intentar resumirlas. La cuestión es que, hoy, hasta Alberto León lo descarta, aunque sugiere que lo que subyace a la mezquita es un complejo episcopal tardoantiguo (interpretado por José Manuel Bermúdez Cano como un atrium) en el que debía haber algún espacio para el culto (detalles sobre los hallazgos aquí). Pero otros arqueólogos y con especial vehemencia Fernando Arce, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, niegan la mayor y afirman que nada en los restos excavados autoriza a entender esa construcción como un complejo episcopal, pudiéndose tratar perfectamente de dependencias civiles.
A pesar de ello, el Cabildo se empeña en identificar los restos que se descubrieron dentro de la mezquita como la basílica de San Vicente. Y la comisaria de la exposición proyectada, Alexandra Chavarría, va más allá: considera que bajo el edificio árabe pudo existir una de las primeras catedrales de Europa.
¿Por qué esta fijación? El Obispado se esfuerza en construir su propia historia de una Córdoba cristiana, minusvalorando el largo paréntesis musulmán, pero es además plausible que esta reafirmación sobre cimientos movedizos tenga que ver con la lucha aún abierta por la inmatriculación de la mezquita como propiedad privada. Les refresco brevemente la memoria. Después de que el gobierno de José María Aznar modificara en 1998 la Ley el Reglamento Hipotecario, suprimiendo el artículo que impedía a la Iglesia –la cual había inscrito todo tipo de bienes desde 1946 en virtud de una ley franquista– hacer suyos también edificios de culto, se desarrolló una campaña de inmatriculaciones a la que se sumó en 2006 la de este importantísimo monumento, que le costó a la Diócesis 30 euros. Se hizo público en 2010 y el rechazo de una parte importante de la ciudadanía se tradujo en 2014 en la creación de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s para conseguir que se reconociera su titularidad pública. Sus acciones han tenido mucha repercusión y la petición de apoyos que abrieron entonces –y que se ha reactivado ahora– ha reunido cerca de 400.000 firmas.
Hace unas semanas, el 15 de febrero, el Gobierno envió por fin al Congreso de los Diputados la lista, elaborada por el Colegio de Registradores, de los casi 35.000 inmuebles inscritos de esta manera por la Iglesia entre 1998 y 2015, tras retener los datos durante tres años. El documento se acompaña de un Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica que siembra serias dudas sobre la constitucionalidad de Ley Hipotecaria que permitió este proceso pero, a pesar de las promesas electorales que hiceron a este respecto PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo se echa a un lado y deja que quien se considere con derechos sobre un bien registrado por la Iglesia lo reclame por vía administrativa y acudiendo a los tribunales. ¿Por qué sería aquella ley inconstitucional? Por vulnerar el principio de igualdad al equiparar a la Iglesia con una administración pública –dado que cualquier Obispado podía certificar que un bien le pertenecía (certificaciones de dominio), sin más pruebas, que si se exigen a cualquier otro particular u organización– y por ser contraria a la laicidad del Estado democrático.
La Plataforma Mezquita-Catedral ha enviado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, una carta en la que le recuerda su anterior apoyo a esta causa y le pregunta qué piensa hacer al respecto. Silencio. Así me lo confirma su responsable de comunicación, que explica por qué sería necesaria la intervención del Estado:
“Nuestro colectivo patrimonialista no puede acudir a los tribunales, toda vez que no tenemos legitimación procesal para reclamar la titularidad del monumento. Solamente podría hacerlo el Estado, razón por la cual nos hemos dirigido expresamente a la señora Calvo. Fue ella además quien participó en 2018, como cordobesa y profesora de Derecho Constitucional, en la comisión de expertos presidida por Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco, que redactó de un informe municipal que declaraba la Mezquita de Córdoba como bien de titularidad pública y proponía acciones legislativas y jurídicas para anular su inmatriculación por la Iglesia. Por todo ello, proseguiremos buscando respuesta a la misiva lanzada a la vicepresidenta para lo que ya tenemos el apoyo de distintos colectivos ciudadanos, cristianos, patrimonialistas, vecinales, culturales, feministas y laicos, entre otros”.
El Obispado, con la publicación de las inmatriculaciones reconocidas por el Estado, da por zanjada la cuestión; aquí tienen la versión del Cabildo de la catedral de Córdoba sobre sus actuaciones y sobre el resultado de los procedimientos judiciales que hasta ahora se han seguido. Sin embargo, probablemente ve venir que para otros esto no ha acabado. De ahí la necesidad de apuntalar su narración de la historia cordobesa en los llamados “siglos oscuros”.
¿Podría haber “inspirado” de alguna manera el Cabildo esta exposición? Es una hipótesis que a la Plataforma le parece muy plausible, y es muy tajante en sus apreciaciones: “Vaya por delante nuestro respeto al derecho de cualquier entidad a organizar las muestras que considere oportuno y que enriquezcan el conocimiento de nuestro pasado. Pero, en efecto, en nuestra opinión, la exposición forma parte de una operación episcopal de largo alcance que busca diluir la potencia cultural de Al Andalus, subsumir la gran Mezquita omeya bajo la narrativa de la Córdoba cristiana y legitimar su apropiación por el Obispado. No es casualidad que el anuncio de la muestra se hiciera justo dos días después de anunciar el hallazgo de los restos de un presunto “complejo episcopal” debajo de la Mezquita. Como tampoco es casualidad que el Obispado esté preparando un centro de interpretación de la Córdoba cristiana en el Palacio Episcopal, justo enfrente del monumento, donde quiere vender las entradas al monumento omeya y, de paso, convencer a millones de visitantes de todo el mundo de que el gran templo de Al Andalus fue, en realidad, una mera ‘intervención islámica’ en la mítica basílica de San Vicente. No hay que olvidar que el Obispado ya borró el nombre universal de Mezquita de Córdoba hace varios años y lo sustituyó por el de Catedral, aunque se topó con una respuesta ciudadana monumental que le obligó a desistir. Toda esta operación eclesiástica nos parece un dislate mayúsculo y un atentado contra el patrimonio histórico andaluz, que las administraciones deberían impedir, en lugar de alentar”.
ERPH, la revista de patrimonio histórico de la Universidad de Granada, publicó en diciembre del año pasado un artículo firmado por la Plataforma en la que acusaba al Obispado de estar efectuando una “destrucción simbólica” del monumento, al “amputar sus señas de identidad originarias, en vulneración de los principios de autenticidad protegidos por la UNESCO”. Creen que el modelo de gestión, del que se beneficia enormemente el Obispado, debería ser sancionado por la Junta de Andalucía “obligada por Ley a su vigilancia y tutela”. Por ello, llevan más de un lustro reclamando la urgente necesidad de dotar al conjunto monumental de un “Plan Director que estipule un marco regulatorio claro para su gestión y frene de una vez por todas la caprichosa administración del edificio por parte del Cabildo catedralicio, empeñado desde hace años en arrinconar los valores andalusíes del templo contraviniendo los principios reconocidos en la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. Un ejemplo: en septiembre de 2019 organizaron una exposición, Por tu cruz redimiste al mundo, con ¡43! pasos de Semana Santa entre las naves de la mezquita, alterando intensamente, cuando menos, su percepción espacial.
La Diócesis de Córdoba es rica – en 2019 se publicó que había dedicado 20 millones de euros a inversiones financieras–, en gran parte gracias a la mezquita. Todo visitante a la ciudad se deja 11 euros en la taquilla, y son multitud. No salieron las cuentas por la Covid, pero las expectativas de ingresos por venta de entradas para 2020 eran de casi 16 millones de euros. Le interesa muchísimo que nadie cuestione lo que entiende como sus derechos. Y, hoy, no parece que ninguna administración vaya a hacerlo.
