Mañana se publica en El Cultural mi artículo sobre De El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial, que se acaba de inaugurar en el Palacio Real de Madrid. La exposición está organizada por Patrimonio Nacional que, según he sabido a través del blog El BOE nuestro de cada día, ha publicado ahora sus cuentas anuales. Es buen momento para que intentemos saber qué es Patrimonio Nacional, cuáles son las causas históricas de sus peculiaridades como organismo público, cómo se gestiona y qué ventajas e inconvenientes presenta.
En España, un gran parte del patrimonio histórico público es propiedad de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero hay también un Patrimonio del Estado que, según la Ley 33/2003, está constituido por el conjunto de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Es difícil saber qué bienes histórico-artísticos tienen esa consideración de Patrimonio del Estado porque, aunque hay un Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, su reglamento establece que el acceso a él de los ciudadanos “estará sujeto a los principios de idoneidad, racionalidad, proporcionalidad y seguridad”, deberá hacerse mediante solicitud a la Dirección General del Patrimonio del Estado o a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente y “solo podrá tener por objeto datos numéricos o estadísticos sobre el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, pudiendo no ser atendida cuando, a juicio de los citados órganos, no concurran los principios señalados en el punto primero”. Esperemos que la Ley de Transparencia impulse la difusión pública de ese inventario (y de tanta otra información en zona de sombra). Téngase en cuenta que el Estado recibe donaciones, legados y herencias de quienes carecen de herederos legales, incluyendo tierras e inmuebles. Cuando se trata de patrimonio histórico es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el que tiene la competencia de aceptar o no las herencias, legados y donaciones pero, sabiendo que lo de la coordinación interministerial tiene mucho de entelequia, vaya usted a saber dónde terminan algunos bienes.
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (más conocido como Patrimonio Nacional) es un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno -pesa aquí más el componente político que el cultural- que custodia y gestiona los bienes de titularidad estatal “afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”. La Ley que así lo establece es, como gran parte de la legislación cultural española, demasiado vieja, de 1982, aunque el reglamento se ha actualizado recientemente, en 2011. Esos bienes son:
-El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro
-El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos
-El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, la Casita del Príncipe y «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes
-Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos
-El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe
-El Palacio Real de la Zarzuela y «La Quinta», con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos
-El Palacio de la Almudaina con sus jardines, en Palma de Mallorca
– Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
-Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona.
Además, forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos:
-La Iglesia y Convento de la Encarnación.
– La Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
– El Convento de las Descalzas Reales.
– La Real Basílica de Atocha.
– La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
– La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados precedentes.
– El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad.
– El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
– El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
– El Convento de Santa Clara, en Tordesillas.
– El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
– El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.
Para llevar a cabo su labor, contó en 2012 con un presupuesto de casi 118 millones de euros, según se hace constar en la completa Memoria que, como debe ser, publica en su página web. Una buena parte de ellos (53 millones) se dedica al capítulo de personal, y tiene solo un 17% de ingresos propios. El presidente del Consejo de Administración es, desde enero de 2012, el diplomático José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, sobrino del fallecido artista Pablo Palazuelo y presidente de la fundación que lleva su nombre. Es un cargo político pues lo nombra el Consejo de Ministros, al igual que al resto de integrantes del Consejo, cuya composición no figura en la web pero pueden encontrar en la página 3 de la Memoria (y aquí el organigrama directivo). Lo digo con cautela porque no tengo suficiente conocimiento de causa pero parece que Patrimonio Nacional cumple sus funciones razonablemente bien. Con más medios, podría seguramente ampliar algunos horarios de visita, dedicar mayores esfuerzos –y a mejor ritmo- a la restauración y a la investigación, organizar más actividades… Pero, desde fuera, todo parece en orden y bajo control, lo que no es poco, y existe una “hoja de ruta” para el organismo, su Plan de Actuación 2013-2016, lo que demuestra una voluntad de gestión eficiente. La construcción del Museo de las Colecciones Reales avanza junto al Palacio Real y se espera que abra al público en 2016. Esta no es una de esas infraestructuras absurdas: los palacios, monasterios y conventos que administra Patrimonio Nacional contienen más de 150.000 obras de arte y objetos suntuarios, muchas veces guardados en almacenes o expuestos en sus sedes sin la suficiente visibilidad y aparato didáctico.
Obras del Museo de las Colecciones Reales
No obstante, una de las funciones del organismo está últimamente en cuestión –aparte de la espinosa gestión del Valle de los Caídos-, a raíz de la preocupación ciudadana por los presupuestos y la realidad económica de la familia real: la de “apoyo a la Jefatura del Estado en los actos oficiales que se celebran en los Reales Sitios”. Las recepciones, audiencias y presentación de credenciales de embajadores, bajo el epígrafe “Servicios a la Corona y actos de Estado” supusieron un gasto de 12 millones de euros en 2012. Nos preguntamos por qué no se hace cargo de él la Casa Real o el Ministerio de Exteriores. Sí, es dinero público igualmente –y quizá la cuestión sea si hay que invertir tanto en unos actos que podrían ser infinitamente más austeros-, pero Patrimonio Nacional podría emplearlo en sus funciones de conservación y divulgación con mucho más provecho para el ciudadano. Recuerden que a principios de año el organismo comunicó a la Zarzuela que no podía seguir asumiendo los 1,8 millones de euros que cuesta al año el mantenimiento del yate Fortuna, entre tripulación, reparaciones, combustible y amarres.
¿Por qué esta vinculación a la Corona? Evidentemente los palacios fueron en el pasado de propiedad real pero ya no es así. En 1865 se hizo por primera vez en nuestra historia la distinción entre los bienes particulares de los monarcas y los bienes de la Corona, que son desde entonces inalienables e indivisibles. Uno año después de promulgarse la Constitución de 1869 esos bienes pasaron a pleno dominio del Estado aunque se mantuvo su “afectación a uso y servicio del Rey”, como en la actualidad. Fue Franco quien creó el Patrimonio Nacional en 1940, a su propio servicio como Jefe de Estado y sólo la Ley de 1982 fijó sus fines culturales, científicos y docentes. Una situación heredada que, en mi opinión, tal vez habría que reconsiderar: sería una opción confiar todo el patrimonio histórico de titularidad estatal a este organismo, con el presupuesto adecuado, y dejar la ceremonia diplomática a la Casa del Rey y a Exteriores.
