El 20 de mayo, la Xunta de Galicia emitió un comunicado para informar de que la persona elegida para dirigir el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) en Santiago de Compostela sería Eva López Tarrío, catedrática de instituto en Valadares (Vigo) y artista. La sorpresa en el medio artístico gallego y nacional es mayúscula y no es menor la indignación, que se ha ido acumulando en las distintas fases de este proceso de toma de control del museo por parte del gobierno autonómico. Un enfado no arranca de la convocatoria para el puesto sino de más atrás y que se ha acrecentado con las declaraciones de los responsables políticos del área, que pretenden justificar una decisión injustificable.
Antes, más de de 1.600 personas firmaron la carta abierta redactada por la Asociación Cultural Vegliota para pedir a la Xunta que anulara la convocatoria publicada que, al limitarse a funcionarios, impedía que concurriesen los profesionales con la formación, la experiencia y los contactos nacionales e internacionales que son exigibles para la tarea. Pero la oposición a todo el proceso va más allá de esa iniciativa y es clamorosa. Esta designación se siente no solo como un asalto político al museo sino también como una tremenda falta de respeto al sector, como un insulto, e incluso personas que no suelen significarse demasiado se han unido a la protesta. Se han pronunciado la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo (estatal), la Real Academia de Belas Artes, la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural, la Asociación Profesional de Artistas de Galicia, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela —que colgó una pancarta en la fachada de la facultad con el lema “SÓS CGAC”, usado también como hashtag en redes sociales—, o la Facultad de Bellas Artes da Universidad de Vigo. Y, ya conocido el “fallo”, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo (ADACE) y la Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia. En el parlamento gallego el Bloque Nacionalista Galego y el PSdeG-PSOE han solicitado la revisión del proceso y el establecimiento de procesos de selección abiertos y transparentes para las direcciones de las instituciones culturales.
También en el interior del museo ha provocado gran malestar. El CGAC cuenta con un consejo asesor, integrado por cinco vocales. Tres presentaron formalmente, ya el 17 de abril, su dimisión: Silvia García, Agar Ledo y Cecilia Pereira, todas bien conocidas por sus estrechos lazos con la escena artística contemporánea. Lo han hecho en protesta por la inoperancia de dicho consejo, que se reúne casi nunca, y por haber sido mantenidas completamente al margen del procedimiento de selección de director, que consideran inadecuado. Ni siquiera fueron informadas por la Xunta de la resolución.
El 22 de mayo se inauguraba en el CGAC una exposición de Misha Bies Golas, comisariada por Juan de Nieves y programada por el anterior director, Santiago Olmo. Al acto de presentación, en el que artista y comisario tragaron tremendos sapos, acudieron numerosas personas que exhibieron carteles con el citado lema y que recriminaron al conselleiro sus decisiones. La que también estaba allí, para general pasmo, era Eva López Tarrío, cuyo nombramiento aún no había sido publicado en el Diario Oficial de Galicia —algo que sucedió el jueves 28— y, por tanto, no era efectivo. Junto a ella se dejó ver Antón Castro; la fotografía que los muestra conversando en privado, publicada en perfiles sociales del CGAC, corrió por los grupos de mensajería instantánea, como una imagen que resultaba para todos muy explicativa.
Pero antes de llegar a esas explicaciones, sepamos en qué contexto político se produce todo esto. Como saben, el Partido Popular gobierna en Galicia ininterrumpidamente desde 2009. Han sido conselleiros de Cultura (+ otras cosas) Jesús Vázquez Abad, Román Rodríguez y, el actual, José López Campos (desde abril de 2024). Este último fue director de una oficina bancaria en A Estrada hasta que entró en la política municipal con el PP y, tras presentarse a las elecciones de 2011, en las que barrió, fue alcalde de esa población hasta 2023. Es muy amigo del presidente Alfonso Rueda, que le buscó hueco en su gobierno y lo colocó en Cultura, sin que contara con ningún rodaje en ese ámbito (nada que no hayamos visto antes y en otros lares). Quien maneja realmente el día a día en la consellería es Anxo Lorenzo, el director general de Cultura, que ostenta el cargo desde 2012 (¡catorce años!) después de pasar por el departamento de Política Lingüística. Es filólogo, y antes de adquirir responsabilidades políticas fue profesor en la Universidad de Vigo. En el campo de las artes visuales se siente, como es lógico, poco seguro y se apoya desde hace años, me aseguran, en Antón Castro.
Bajo su égida se ha ido incrementando el desánimo entre los agentes del sistema del arte. El presupuesto autonómico se invierte de manera arbitraria, no hay planes estratégicos serios y no hay oportunidades profesionales. En materia de infraestructuras para el arte, mientras que la consellería no sabe ya qué hacer para reflotar la Cidade da Cultura —está proyectando un centro de “artes digitales”, es decir, un espacio para bobas “exposiciones” inmersivas—, da la puntilla ahora al CGAC. La consellería no ha potenciado el museo, que viene sufriendo desde hace años con la pérdida de un puesto de trabajo importante como el de conservador jefe, ya en 2009, con el mangoneo y posterior supresión (en obediencia a una norma estatal) de su patronato, con la marcha de la colección de la Fundación ARCO cuando la reclamó el Centro de Arte Dos de Mayo y con el progresivo recorte de su autonomía.
Para esta última deriva les remito a las declaraciones que ha dado en los últimos días la abogada y especialista en estudios museísticos Ania González, en El Salto, que son muy esclarecedoras, pero hago aquí una mera enumeración de los pasos que ha dado la consellería para atar en corto al CGAC.
- En 2021 la Ley de Museos reserva los puestos directivos de los museos autonómicos al cuerpo de facultativos (A1) especializados en museos.
- En 2024 un real decreto reordena la consellería y equipara la dirección del CGAC a una subdirección general de Cultura, integrándola en su jerarquía.
- En 2026 se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la consellería y se establece la libre designación como forma de proveer la dirección del CGAC.
Santiago Olmo refiere cómo tuvo que estirar un presupuesto que se congeló hace años —algo más de 800.000 € para exposiciones y actividades— mientras que los costes subían y subían, y cómo, en la última etapa, las presiones empezaron a dificultar seriamente su trabajo. Incluso sufrió una seria injerencia en la programación con la muestra de Antón Lamazares (en 2024), que ocupó todas las salas y que aún se prorrogó dos meses cuando quedaba solo una semana para su clausura, descabalando el calendario expositivo. Olmo no era un director dócil y tuvo que pelear contra algunas ocurrencias de la Xunta, como la creación de una sucursal del CGAC en Vigo (y otra en Lugo) o como la imposición a los artistas, cuando el museo costease la producción de obras para una exposición, de donar una de ellas. El año pasado, la consellería contrató sin darle voz unas obras de climatización que iban a prolongarse durante seis meses, dejando en el aire actividades que ya tenían fecha.
La relación era tensa y las desavenencias públicas. El contrato de Santiago Olmo era indefinido pero en otoño del año pasado acordó con Anxo Lorenzo su marcha, con “aterrizaje suave” de un nuevo director. Lorenzo le pidió que dejara preparada la programación para 2027 (importante para la Xunta, pues es año xacobeo, e importante para Olmo, pues le permitía cerrar su programa) y hablaron de la convocatoria de un concurso para que a finales de 2026 o principios de 2027 hubiera sustituto y este se encontrara con un arranque de programación sin tener que empezar de cero a toda prisa. Pero, en marzo, sin previo aviso, se anunció su cese. Y, de manera incongruente, Lorenzo le pidió que siguiera adelante con las exposiciones que tenía en marcha. Aparte de la muestra de Jannis Kounellis comprometida con Es Baluard —cuyo director, David Barro, firmó el comunicado de Vegliota y acudió al museo para unirse a la protesta el día de la inauguración de Bies Golas— Olmo intentará sacar adelante otra de Manolo Laguillo que está muy avanzada y que ha conllevado la producción para el CGAC de una amplia documentación fotográfica sobre lo urbano en Galicia. Pero renunció, por entender que era un proyecto muy institucional, del tipo en el que el director pone su sello al museo, a acabar de definir y a firmar un importante montaje de la colección —sobre el arte contemporáneo en Galicia y la visión que artistas de fuera han proyectado sobre ella—, que se ha puesto en manos de otro comisario y se inaugurará en junio. Y no se sabe qué pasará con una exposición de otro fotógrafo, Enrique Palazuelo. Me consta que hay profesionales que se están planteando cancelar actividades que tenían ya aprobadas para los próximos meses en el CGAC.
Afirma la consellería que el procedimiento para sustituir a Olmo se ha desarrollado con transparencia pero ha ocurrido todo lo contrario. No se han publicado listas de admitidos y excluidos, no sabemos quiénes han evaluado las candidaturas o qué puntuaciones han otorgado y qué proyectos para el CGAC se han propuesto. Solo se ha comunicado que hubo nueve candidatos. He intentado saber quiénes fueron, con pobres resultados. Solo nos constaba que se había presentado Susana Cendán, profesora universitaria con trayectoria en el comisariado de exposiciones y abundancia de publicaciones —que ya le da mil vueltas a la elegida y que ha calificado de “caciquil” el sistema de elecciónv— y, después, Alberto Ruiz de Samaniego hizo saber que también él había concurrido. Este es también profesor, de Estética, en la Universidad de Vigo, tiene una veintena de libros publicados —el último es Soledades. Estética del retiro (con Miguel Copón), Cátedra, 2025— y casi treinta comisariados a sus espaldas —incluyendo el pabellón de España en la Bienal de Venecia en 2007— que han tratado asuntos tan sugerentes como Campos de la Imagen. Grafías de los hechos y del pensamiento, Cabañas para pensar o Dónde estarán las nieves de antaño, la más reciente, en la Fundación Cerezales. Entre 2008 y 2011 fue director de la Fundación Luis Seoane, por lo que tiene también experiencia de gestión; allí organizó exposiciones ensayísticas, acompañadas de publicaciones de referencia. Esa idea del museo como laboratorio de investigación cultural, junto a la de responsabilidad pública, estaba en la base del proyecto que presentó a la convocatoria para el CGAC, orientado a “pensar, producir, conservar, editar y mediar con rigor”.
¿Cómo es posible que los evaluadores consideren que López Tarrío, quien apenas tiene experiencia en el terreno de la gestión cultural o la investigación, reúne mayores méritos? Ya se ha comentado que engordó el currículo inicialmente difundido —pretendía haber sido coordinadora/colaboradora en la Bienal de Pontevedra de 2025, lo que era incierto— y lo que resta es tan poca cosa… Si bien ese currículo primero decía que fue coordinadora de actividades y exposiciones en la Fundación Laxeiro entre 1996 y 2000 —algo imposible, pues la Fundación Laxeiro se constituyó en febrero de 1999— ella explica que en realidad trabajó en la «comisión Laxeiro»: en los años transcurridos entre el fallecimiento del artista en 1996 —cuando se organizó su gran retrospectiva en el CGAC— y la puesta en marcha de la fundación, Antón Castro estuvo envuelto en los pasos previos. Él comisarió en 2000, ya para la fundación, una exposición con las obras de Laxeiro pertenecientes al Museo Ramón María Aller de Lalín y otra del artista de Lalín Armindo Salgueiro: López Tarrío no está en los créditos del catálogo, y poca coordinación podían requerir proyectos tan modestos. Sin más.
Se identifica luego como coordinadora de A imaxe e o laberinto. 10 artistas cubanos dos ’90, que comisarió Antón Castro en 1998 y se vio en la Casa das Artes de Vigo, itinerando a otras ciudades gallegas. Y a continuación como coordinadora, entre 1998 y 1999, del proyecto La Isla de las Esculturas en Pontevedra, cuyos responsables fueron Rosa Olivares y, de nuevo, Antón Castro. En el catálogo, efectivamente, figura como «comisario asistente» pero he preguntado a Olivares qué papel desempeñó López Tarrío y afirma que no se acuerda de ella.
Todas esas pequeñas colaboraciones tuvieron lugar entre 1998 y 2000. Desde entonces, nada hasta 2024, cuando figura como comisaria de VARCO, una feria del todo insignificante en el Auditorio Mar de Vigo, en la que una treintena de artistas montan sus propios estands y venden obras baratitas. Entre los artistas seleccionados estaban ella misma, Antón Castro —tiene también esta faceta creativa— y Antón Sobral, que es gran amigo de López Tarrío y que está también en todas las salsas.
Artículos publicados tiene ella tres, en esos años finales del siglo XX: dos sobre el escultor Silverio Rivas, en la Revista pregón de Ponteareas y en la Revista de estudios provinciais de Pontevedra, y otro sobre El movimiento y la temporalidad de la imagen, en esta última. No publicó su tesis, sobre La Isla de las Esculturas, que dirigió… Antón Castro. En la que, por cierto, no menciona ni una sola vez a Rosa Olivares y atribuye a su mentor toda la autoría.
Como artista, muy floja, ha hecho un puñado de exposiciones individuales, muy espaciadas, en salas modestas de ayuntamientos, de la Diputación de Pontevedra o de obra social bancaria. Ninguna en galerías comerciales. Últimamente ha retomado su dedicación a la escultura y el Ayuntamiento de Vigo le ha encargado, de manera incomprensible, una escultura que está instalada desde 2023 en la avenida de Castelao.
Tiene buenas relaciones con políticos del Partido Popular que ocupan cargos de responsabilidad. El conselleiro de Educación, Ciencia y Universidades, Román Rodríguez, fue en legislaturas anteriores —desde 2015— conselleiro de Cultura y de Educación. Como responsable de Educación tuvo contacto frecuente con Eva López Tarrío, quien, en su condición de directora de instituto, tomó parte activa en el Plan Recupera —consecuencia de la pandemia—, que presentó junto al conselleiro en 2021. El pasado 15 de abril inauguró una exposición con otras dos artistas en sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo. En ese acto, estuvo acompañada por Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación y candidata a la Alcaldía de Vigo por el Partido Popular —que la felicitó en redes en cuanto se dio a conocer su elección— y por Anxo Lorenzo.
En otoño del año pasado se le organizó una individual en Afundación, de Abanca, donde, me comentan, “es fácil exponer si tienes contactos”. El texto del ¿folleto? lo redactó Antón Castro que, como ven, está presente de una u otra manera en prácticamente todas las actividades de López Tarrío. Ella misma lo reconocía, agradecida, en una publicación en Instagram: “No tengo palabras para todo el cariño y apoyo recibido, y en especial a (…) Antón Sobral (que me ha hecho una presentación maravillosa) y Antón Castro (con un texto que me ha emocionado). Siempre me han apoyado y ayudado en mis proyectos. GRACIAS!!”.
En este aterrizaje nada suave en el CGAC parece que también la han apoyado. Desde luego, ambos estuvieron con ella en la inauguración de Misha Bies Golas, arropándola junto a un pequeño grupo de amigas frente al ambiente francamente hostil que se encontraron allí, y que ella, a juzgar por su cara de circunstancias, no se esperaba. Apostaría a que ellos, y quizá otras personas de este entorno institucional/político, la han animado a presentarse a este puesto que, a todas luces, le queda muy grande.
Antón Sobral, que expuso en otoño pasado —un mes antes que ella— en Afundación, en Vigo, y con el que ha participado en algunas colectivas muy de andar por casa, tiene excelentes relaciones en el Partido Popular de Pontevedra. En particular con Rafael Domínguez, vicepresidente primero de la Diputación de Pontevedra, que es portavoz del PP en el Ayuntamiento y miembro de la ejecutiva del partido de Galicia, además de muy amigo del presidente Rueda, también pontevedrés. Fue Domínguez quien apoyó el proyecto de Sobral y de Castro —con quien hace igualmente muy buenas migas— para reflotar la Bienal de Pontevedra.
Por su parte, Antón Castro, que fue en los ochenta y los noventa uno de los pocos referentes gallegos en la gestión cultural, la crítica de arte y el comisariado, ha sido siempre hábil en sus alianzas políticas. Fue catedrático —está jubilado— en la Universidad de Vigo, dando clases de historia del arte en Bellas Artes y Ciencias Sociales. Pero, mientras tanto, fue director del Departamento de Artes Plásticas de la Xunta de Galicia (1983-1984) —con Alianza Popular— y conservador del CGAC (1994-1995). Cuando César Antonio Molina, coruñés, fue director del Instituto Cervantes le dio a Castro la dirección de la sede de Milán (2004-2008) y cuando fue ministro de Cultura —con el PSOE— le hizo director del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE, 2008-2010).
Cuando el CGAC se integró en la estructura orgánica de la Consellería de Cultura (+), se creó un consejo asesor, al que me referí ya antes, que es designado por el conselleiro —tres de sus miembros a propuesta de determinadas instituciones—, que tiene funciones meramente consultivas y que se renueva, o no, cada cuatro años. Román Rodríguez, que ostentaba entonces el cargo, nombró a los miembros del primer consejo en 2019 y a los del segundo en 2024: solo Antón Castro y Celestino García Braña, éste en representación de la Real Academia de Belas Artes, repitieron. Cabe mencionar que en ese tiempo Rodríguez, oriundo de Lalín, brindó un apoyo sin fisuras a Castro cuando fue comisario de la muy controvertida exposición de Maruja Mallo en esa localidad —en el contexto de su Feria del Cocido—, plagada de falsificaciones según denunciaron diversos especialistas.
En el momento en que Silvia García, Agar Ledo y Cecilia Pereira, alarmadas por el rumbo que tomaban las cosas en el museo, decidieron abandonar el consejo, se lo comunicaron a sus compañeros. García Braña explicó que consideraba que no podía dimitir a título individual al representar a una institución, a la que trasladó la disyuntiva y que no mostró muchas prisas por solventarla. Antón Castro se mostró en desacuerdo e incluso intentó convencerlas de que desistieran de su propósito.
Su protegida resultó elegida. El conselleiro y el director general de Cultura han asegurado que era sin duda la mejor de los candidatos, “con diferencia”, despreciando al resto. Podrían haber tenido más donde elegir. Los observadores, la comunidad artística gallega y nacional, llevaban tiempo advirtiendo de que se estaban dando pasos atrás con esas modificaciones normativas que ponían al CGAC bajo la bota del poder político. Sí hay, como queda claro en el caso de Ruiz de Samaniego, conservadores de museos en otras comunidades autónomas o profesores de universidad con experiencia en comisariado y con network profesional que podrían haber optado al puesto. Pero es comprensible que no hayan querido presentarse pues ¿quién querría trabajar así, bajo estrechísimo escrutinio y bajo amenaza, y con un horizonte tan incierto para el museo? Todos los anteriores directores del CGAC han sido despachados de malas maneras. Gloria Moure, que fue la primera, ha seguido esta deriva “catastrófica” y denuncia esa “necesidad de que la burocracia domine sobre la autonomía técnica” para anular el poder transformador y crítico del arte, con el problema de “querer controlar algo que no se comprende”.
Tenemos algunos indicios de las derivas que podrían planteársele al CGAC. En la nota de prensa de la consellería se dice que “el principal objetivo de la nueva dirección se sitúa en convertir el CGAC en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo”, que “se busca un mayor impulso de la programación internacional, ampliando las colaboraciones con otros centros e instituciones” y que se pretende “darles más espacio y proyección a la creación de los artistas gallegos”. Solo lo último parece creíble y da miedo imaginar qué artistas gallegos privilegiaría la elegida, dado su círculo artístico y conocida su feria. Si los dos primeros objetivos fueran ciertos se habrían esforzado para dar cabida a otro perfil de director: ni siquiera en Madrid o en Barcelona sabe nadie quién es López Tarrío.
Aquí empiezan las motivaciones reales: “ante la inminente celebración el próximo año del Xacobeo 2027 (…) apostará por nuevas alianzas y también las reforzará y ampliará con otras instituciones museísticas, como el Museo Centro Gaiás, de la Cidade da Cultura, referente en Santiago de Compostela, en particular, y en toda Galicia, en general”. Muchos se temen que el CGAC se convierta en una subsede de la Cidade da Cultura y que ambos funcionen como atracciones turísticas, con el enganche de los “proyectos digitales”. Lo que la consellería parece desear es un director que, sometido a la jerarquía del funcionariado, no cuestione sus planes. No quieren perfiles independientes que les puedan salir contestones.
El CGAC queda en una situación extremadamente crítica. Yo solo veo tres posibles salidas.
La primera, ya imposible dadas las manifestaciones del conselleiro y del director general tras las reacciones ante la elección, sería que la Xunta dé marcha atrás y reconozca su equivocación en el diseño del procedimiento y en su resultado. Anxo Lorenzo sigue en sus trece y anuncia ahora, con cinismo, que va a abrir un debate abierto a la comunidad artística sobre el gobierno del museo para elaborar un plan director, que potenciará el consejo asesor, sin duda con personas de su cuerda, y que podría recuperar la figura del asistente a la dirección, en la que podría aflorar “el tapado”.
Se espera —con poca fe— que el Consello da Cultura Galega se pronuncie en contra de todo ello, lo que pondría en un brete a la consellería. Esta debería, para empezar, plantearse dotar de mayor autonomía al CGAC mediante figuras jurídicas perfectamente posibles, como la fundación o la agencia pública. O al menos modificar la Ley de Museos y la Relación de Puestos de Trabajo de manera que no sea de aplicación la libre designación para la dirección del museo y se pueda cubrir, excepcionalmente y mediante concurso, con personal laboral, algo que permite la Ley de Empleo Público cuando se acredite que el puesto exige competencias y capacidades que los funcionarios disponibles no poseen.
Anteriormente he escrito artículos —“Príncipes de la burocracia en los museos” y “Destino Roma. La libérrima designación de los directores de la Academia”— en los que describía el procedimiento de “libre designación”, que se puede aplicar en ciertas instituciones culturales públicas. Es el caso de los museos estatales de gestión directa en el ministerio de Cultura, en los que se ha demostrado (unas veces sí, otras no) que la Administración tiene opciones: que el responsable político haga nombramientos con “discrecionalidad” no significa que tenga prohibido flexibilizar el procedimiento. Puede, al menos, ser transparente en cuanto a las candidaturas, los “electores”, los proyectos y las valoraciones. De hecho, la Ley de Empleo Público de Galicia (art.92.4) permite a la consellería contar con una comisión asesora que le ayude a elegir mejor: “El organismo competente para la adjudicación de puestos podrá solicitar la intervención de especialistas para evaluar la idoneidad de los candidatos”.
La segunda es, como ha explicado muy bien Ania González, que algún individuo o colectivo con “interés legítimo” presente “un recurso contencioso administrativo en los tribunales contra la convocatoria del 8 de abril acompañado de una solicitud de suspensión de su ejecución, basado en el conflicto normativo que supone abrir la convocatoria a funcionarias de otras administraciones y docentes —por aquí se ha colado la candidatura de López Tarrío— , cuando la Lei de Museos de Galicia (art. 21.2) reserva la dirección de los museos a ‘la escala facultativa superior o de grado medio de museos de la Administración General de Galicia’”. Una irregularidad que la Confederación Intersindical Galega había detectado en febrero y que puso de relieve tras la resolución: el informe de la Xunta señalaba que el puesto requiere un “perfil técnico claro relacionado con conocimientos esenciales en arte contemporáneo” y que la ampliación respondía a la necesidad de garantizar a los candidatos “la formación y la capacidad necesarias” para asumirlo. «Sin embargo, si se reconociera realmente que la gestión del CGAC requiere conocimientos especializados y experiencia específica en arte contemporáneo, lo lógico habría sido reforzar los requisitos profesionales vinculados a la museología, la gestión cultural, la conservación del patrimonio, la investigación y la curaduría artística. Lo que hizo la Xunta fue precisamente lo contrario: diluir el perfil técnico hasta el punto de permitir el acceso a organismos y niveles sin relación directa con el ámbito museístico ni con la gestión de instituciones culturales».
El recurso sería una manera de frenar el desastre actual pero una repetición de la convocatoria limitada a los facultativos de museos no sería en realidad una solución. No encuentro una relación de los funcionarios que integran ese cuerpo de la Administración gallega pero es fácil deducir que son pocos y que superaron las oposiciones hace décadas. Desde comienzos de siglo se han convocado poquísimas plazas. En 2007 salieron dos, que fueron destinadas al Museo Massó de Bueu y al Museo Etnolóxico de Ribadavia, y en 2020-2021, dos de acceso libre y una de promoción interna, con destinos en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, el Museo Castro de Viladonga en Lugo y el propio CGAC. Este último lo ocupó Nuria Serrano, hoy coordinadora de exposiciones, que fue jefa del Servicio de Museos de la Xunta de Galicia y se presentó al concurso de dirección para el Museo de Pontevedra. Ignoro si se ha optado a la dirección en Santiago. La cuestión es que en el conjunto de museos gestionados por la Xunta, que son solo nueve, el CGAC es el único de arte contemporáneo. La mayoría de los facultativos son más versados en arqueología, etnología, arte medieval, moderno… no tienen lógicamente la formación y la experiencia en el campo de la creación actual, necesaria para dirigir el CGAC.
La tercera vía de salida es que la propia Eva López Tarrío entienda que no va a poder trabajar con todo el sector de uñas, que va a echar por tierra su seguramente respetable trayectoria en educación por un espejismo que quizá alguien le puso delante. Y renuncie.
