La solicitud de préstamo de la Dama de Elche para llevarla a su población de origen, aparte de haber tenido (supuestamente, dado que ella no lo ha confirmado) como muy lamentable consecuencia la dimisión de la Directora General de Bellas Artes, Lola Jiménez-Blanco, ha puesto de los nervios a demasiados opinadores. Se habla con furor, a favor y en contra, del “federalismo cultural” que propugna el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Tengo la impresión de que algunos de los que intervienen en el debate, de uno y otro lado, no conocen bien el actual mapa museístico en España y, sobre todo, no recuerdan cómo se configuró. Repasemos algunos datos y hagamos un poco de historia.
Muy al principio todos los museos, en nuestro país, fueron estatales. En Madrid, el primero abierto al público, en 1776, fue el Gabinete de Historia Natural impulsado por Carlos III; el Museo de Artillería e Ingenieros (luego Museo del Ejército) se fundó en 1803 a instancias de Godoy y el Museo Real de Pinturas (luego Museo del Prado) se inauguró en 1819. Pero ya a partir de 1836 comienza a tejerse la primera red de establecimientos provinciales, que seguirían siendo “museos de la Nación”. Mendizábal, ministro de Hacienda, decretó en ese año la disolución de las órdenes monásticas y creó una junta incautadora de bienes eclesiales que pasaron a posesión del Estado.
Enseguida se vio que la gestión –ordenación y salvaguarda– de todo ese patrimonio había de hacerse in situ, para lo que se instituyó en 1837 una Junta Científica y Artística en cada provincia. Los miembros de esas juntas debían inventariar todo lo hallado en los conventos, reservar lo mejor y subastar lo demás. Las obras seleccionadas se reunirían en un edificio que pudiese cumplir funciones de biblioteca y museo. Nacían, con muchas vicisitudes, los Museos Provinciales de Bellas Artes, en dependencia del Ministerio de la Gobernación y, en determinados casos, tutelados por las Academias de Bellas Artes locales. Entre ellos, algunos tan destacados como el de Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Valencia o el de Valladolid, que sería después Museo Nacional de Escultura.
Poco más tarde se fundarían algunos de los museos arqueológicos españoles. En 1844 se conformaron en las provincias las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, que no solo obedecían el mandato de inventariar y velar por la conservación de los edificios históricos o los yacimientos arqueológicos sino también de promover excavaciones y recopilar bienes muebles que concentrarían en almacenes temporales. Un real decreto de 1867 dio paso a la fundación de museos “en aquellas provincias en que se conserven numerosos e importantes objetos arqueológicos” y al aumento y mejora de los ya existentes.
Entre los que cristalizan en esos momentos –aunque algunos derivan de colecciones públicas y privadas previas– figuran el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo de Cádiz (fusionado con el de Bellas Artes en 1970), los de Granada (el Arqueológico y el de La Alhambra), el Museo Arqueológico de Sevilla, el Museo de Huesca o el Museo de Valladolid.
Al tiempo, el decreto de 1867 ordenaba la creación de uno central en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional. ¿Con qué fondos? “Constituirán el Museo Arqueológico Nacional a) Todos los objetos arqueológicos y numismáticos que existen en la Biblioteca Nacional –que habían sido atesorados por los reyes españoles– b) Los que se custodian en el Museo de Ciencias Naturales –procedentes de la colección de Pedro Franco Dávila–, c) Los existentes en la Escuela especial de Diplomática y d) Los que sean o fueren en lo sucesivo propiedad del Estado. Los conocidos en el día y custodiados por Corporaciones públicas, científicas o literarias no pasarán al Museo sino mediante el consentimiento de éstas”.
Lo reunido por las Comisiones de Monumentos se quedaría, por lo general, en la provincia correspondiente. A las mencionadas “colecciones fundacionales” del MAN se sumaron piezas procedentes de las Comisiones en forma de peticiones o de donaciones, que Andrés Carretero, actual director del museo, calificaba hace poco como “no siempre generosas” (Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional, 2017) pero también los bienes requisados por los gobiernos civiles y, sobre todo, las compras de las Comisiones Científicas y las donaciones de particulares. Las normativas aprobadas ya en el siglo XX priorizarían “que los bienes se mantengan de manera preferente en sus zonas de origen, salvo circunstancias de notoria importancia o de ignorancia o desidia”.
En la actualidad, son los gobiernos autonómicos los que deciden el destino de las piezas arqueológicas halladas, que “claro está, nunca van fuera de sus límites territoriales”, apostilla el director. Y añade: “Además, el hecho de que muchos de los ingresos se hayan producido por decisiones administrativas hace que periódicamente se plantee la reversión de esas decisiones reclamando la vuelta de los materiales a sus lugares de origen, aunque estas reclamaciones suelen referirse sólo a bienes culturales de particular prestigio o atracción estética”. Y en esas estamos ahora.
Paso de puntillas sobre la historia de los museos en el siglo XX hasta llegar a las postrimerías del fascismo. En un recuento realizado en 1973, los museos estatales eran 186; de ellos, 140 dependían del Ministerio de Educación y solo 26 del total eran cogestionados por otros ministerios, ayuntamientos, diputaciones o la Iglesia. La Constitución aprobada en 1978, con el establecimiento del Estado autonómico, modificó el mapa museal español. El artículo 148 otorgaba a los gobiernos autonómicos poderes sobre los museos estatales que fueran “de interés” para su territorio y el artículo 149 les transfería su gestión.
La transferencia efectiva se produjo entre 1982 y 1992, con base en los convenios de cooperación firmados con cada autonomía. Junto a la gestión, se entregaba presupuesto y personal. Los convenios no coinciden en todo pero siempre dejan muy clara la titularidad estatal de los edificios y de las colecciones, que las autonomías podrían enriquecer solo en régimen de depósito. Por ello, el Estado costea las obras de modernización o ampliación que se han realizado en ellos –la más importante en tiempos recientes ha sido la rehabilitación de la Aduana de Málaga y el Ministerio acaba de comprometer 20 millones para la del Museo Arqueológico de Sevilla– pero hace poco más: se le puede reprochar, entre otros puntos, que no haga grandes esfuerzos para incrementar las colecciones mediante adquisiciones con destino a ellas, responsabilidad que le corresponde, aunque dé golpes de efecto como la compra de la Crucifixión de El Greco, por 1,5 millones, para su museo en Toledo. Naturalmente (bochornosamente), cada gobierno estatal tiende a favorecer a las autonomías del mismo color político, también en materia museística.
Con excepción de Cantabria, País Vasco, Navarra, Madrid y Canarias, hay museos estatales con gestión transferida en todas las comunidades, aunque en desigual proporción. Aquí tienen el listado completo. Hay dieciséis en Andalucía, nueve en Castilla y León, cinco en Galicia y Castilla La Mancha, tres en Baleares y Murcia, dos en Aragón, Extremadura y Valencia y uno en Cataluña, La Rioja y Asturias. Existe correlación entre el número de provincias y el número de museos en cada comunidad, pero ya ven que es inexacta.
El Estado se reservó la gestión directa, a través del Ministerio de Cultura (creado en 1977) de un pequeño conjunto de museos, como veremos. Y tuvo que pelear por la titularidad de alguno cuya gestión cedió. Cuando se negociaban las transferencias a la Junta de la Andalucía (culminaron en 1984), esta reclamó, sin éxito, la propiedad de La Alhambra. Y no crean que la transmisión de la titularidad es algo imposible, pues ha sucedido. En Barcelona, cuando tras la proclamación de la República se instauró la Generalitat en 1932 y se disolvieron las diputaciones provinciales, el gobierno catalán cedió los fondos del Museo Provincial de Bellas Artes y del Museo Provincial de Antigüedades de Santa Águeda, ambos estatales hasta entonces, a la Junta de Museos (órgano en el que colaboraba con el Ayuntamiento).
Esos museos quedaron algo así como “suspendidos” y sus colecciones se integraron en el Museo de Arte de Cataluña (actual MNAC), de un lado, y en el Museo Arqueológico de Barcelona (hoy sede en esa ciudad del Museu d’Arqueologia de Catalunya), de otro. Y dejaron de ser estatales. Con el franquismo, el de arqueología pasó a la Diputación (restablecida) y el MAC al Ayuntamiento. Pero, fíjense, el Estado aportó, a partir de 2002 y sin tener ninguna obligación, 40,6 millones de euros a la rehabilitación del Palacio Nacional, en Montjuïc (que es municipal).
En diciembre de 2004 el Ministerio de Cultura (su titular era entonces Carmen Calvo) formalizó su integración “como miembro de pleno derecho” en el consorcio que gestiona el MNAC, sumándose al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat, ambos entonces en manos de socialistas: Joan Clos y Pasqual Maragall (conjunción reforzada por la elección del exministro Narcís Serra como presidente del patronato del museo). Se publicaba: “El ministerio participará a partir de ahora de forma estable en los gastos ordinarios del museo y podrá ceder al centro obras de arte procedentes de las daciones en pago de impuestos estatales”. Calvo anunciaba un cambio de modelo en la política cultural de su departamento, con posibilidad de “traspaso de competencias sobre algunas instituciones desde el ministerio a otras administraciones” y entrada en “equipamientos significativos” ajenos para “compartir esfuerzos y colaborar con otras administraciones”. Ese cambio se limitó a Barcelona.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se reservaron 2.796.930 € para el MNAC. Solo hay otros dos museos autonómicos que reciban fondos, muy inferiores, “para gastos de funcionamiento”: la Fundación Cristóbal Balenciaga, en la que está integrado el Ministerio (353.720 €), y el IVAM, en cuyo Consejo Rector participa desde 2013 (261.880 €). ¿Por qué estos, y no otros, merecen semejante compromiso, extraordinario? Hay además un pequeño conjunto de museos municipales que son favorecidos por el Estado… con propinillas, excepción hecha del MACBA, que recibe 1.192.900 €: en su consorcio, igualmente, figura el Ministerio de Cultura desde 2007 (cuando era ministra, también, Carmen Calvo, y presidente de la Generalitat el socialista José Montilla).
El ministro Miquel Iceta consignó hace unas semanas un monto de 20 millones de euros para la “cocapitalidad” en Barcelona. El Museo Picasso recibirá 1,5 millones para celebrar el 60 aniversario de su apertura y el 50 de la muerte del pintor en 2023, el MNAC y el MACBA un extra de 1,25 millones cada uno, el centro de arte actual Fabra i Coats 1,13 millones, la Fundació Miró 1 millón, la Fundació Tàpies 650.000 €, el Centre La Virreina 600.000 € y la Fundació Joan Brossa 100.000 €.
Traigo esto a colación porque, como vemos, el Estado trata de manera muy desigual a los museos españoles. Me parece perfecto que contribuya al brillo de las instituciones culturales del país incluso cuando no son de su responsabilidad –con las competencias y la gestión transferidas– pero ha de hacerlo más equitativamente y no por negociaciones políticas coyunturales o por intereses partidistas.
Y ya quisieran muchos museos estatales que gestiona directamente el Ministerio obtener un refuerzo económico de ese empaque.
Quiero recordar otro hecho que demuestra de que el mapa de los museos no es inamovible, a pesar de que no parezca que se vaya a mover en un futuro inmediato. En 1989 se hizo el traspaso de la gestión de las infraestructuras culturales de titularidad estatal a la Xunta de Galicia. Entonces no se incluyó entre ellas el Museo de las Peregrinaciones en Santiago de Compostela, dado que se le atribuía el estatus de museo nacional y era por tanto no trasferible. Pero ese impedimento se esfumó de alguna manera porque finalmente sí se transfirió en 1995, tras dictarse mediante Real Decreto la “ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de cultura” (y se hizo mal, en la forma, pues hubo que regularizar la situación en 2007).
La autorizante fue la ministra de Cultura Carmen Alborch, que tuvo la intención de desmantelar en buena medida el sistema de los museos estatales. Consideraba que había que dar un paso más en la transferencia de competencias culturales y así lo exponía en el Senado, cuando presentó allí su Plan de Museos en febrero de 1995: “Los museos de plena competencia estatal serán (…) únicamente aquellos de carácter supracomunitario, con colecciones altamente relevantes, un importante contenido simbólico y trascendencia internacional para la proyección del conjunto de nuestra cultura”: el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Arqueológico y el Museo de América.
“El segundo nivel estaría compuesto por aquellos museos que deberían ser transferidos y que se subdividen en dos grupos: uno, los de plena competencia estatal, que no reúnen las características antes anunciadas, y dos, los de titularidad estatal y gestión comunitaria que, ciertamente, deberían ser transferidos, ya que las solicitudes de las Comunidades en este sentido son continuas y, además, se presentan dificultades añadidas, producto de la doble competencia”. No hablaba, hemos de interpretar, solo de gestión sino también de titularidad. Tenía menos claro qué hacer con otros, “de singularidad compleja”: los museos de Escultura de Valladolid, de Cerámica de Valencia, de Arte Romano de Mérida, Romántico, Sefardí, Cerralbo y Sorolla.
Andrés Carretero era entonces (desde 1991) director de Museos Estatales y defendió, junto a Alborch, que la gestión de algunos de ellos se transfiriera a las comunidades autónomas, con el argumento de que eran museos de marcado carácter local. Lo cuenta Selma Reuben Holo en Más allá del Prado: museos e identidad en la España democrática: “Carretero afirmaba, por ejemplo, que el Partido Socialista no reconocía el valor de mantener un museo romano en Mérida, un museo de cerámicas en Valencia o un museo judío en Toledo. Explicaba que los miembros de su partido creían que el arte y los objetos contenidos en dichos museos eran manifestaciones regionales y que, en última instancia, constituían una carga para el Estado”. Y añade la autora en una nota: “Se debe hacer hincapié en que ninguno de los directores de estos museos respaldaban la idea de perder su status estatal. Ellos tenían la firme convicción de que el prestigio de ser un museo estatal estaba en la base de la eficacia de su labor, de su capacidad para moverse dentro del ámbito internacional (…)”.
Casi diez años después, en 2004, Carmen Calvo presentó un Plan Estratégico de la Red de Museos Estatales, que abría de nuevo el debate sobre adicionales transferencias y posibles traspasos. En octubre de ese año compareció en el Senado, en una comisión en la que se abordaron “las demandas de traspaso de titularidad de determinados museos (de titularidad estatal) a petición de las comunidades autónomas”, a las que el Gobierno venía respondiendo con una promesa de estudiar su viabilidad (para dejarlas en vía muerta). El PP presentó una moción para que se realizaran estudios jurídicos con el fin de determinar si ese traspaso sería posible y Convergència i Unió hizo una precisión reveladora: tales estudios deberían hacerse solo a petición de las autonomías interesadas, “no sea que acabemos en algunas comunidades con museos de difícil gestión y de imposible viabilidad”. Entesa Catalana de Progrés aprovechaba para reclamar para la Generalitat de Catalunya la titularidad del Museo Arqueológico de Tarragona, “el único en Cataluña que todavía es del Estado” y el grupo de Nacionalistas Vascos para solicitar una vez más el préstamo del Guernica de Picasso para el Guggenheim Bilbao.
En junio de 2006, en la misma sesión, por cierto, en la que Coalición Canaria demandaba la devolución de la momia guanche al Museo Arqueológico de la isla de Tenerife (otro de los bienes culturales que llevan, como la Dama de Elche, mucho tiempo en liza), aún insistía el Partido Popular en que el Gobierno atendiese “las demandas de las Comunidades Autónomas de asumir la gestión o, en su caso, la titularidad de museos de interés autonómico”.
Resulta que era Madrid la Comunidad –con Santiago Fisas en la Consejería de Cultura y Esperanza Aguirre en la Presidencia– que estaba más interesada en ese proceso, pues reclamaba “los museos Cerralbo, Romántico y Sorolla, para asumir la gestión o, en su caso, la titularidad de estos museos que son de gran interés para la comunidad autónoma”. Cosa jurídicamente complicada, pues los tres son resultado de legados testamentarios de particulares al Estado –hay más: el Lázaro Galdiano, la Casa de Cervantes, el Museo del Greco– y esa la razón de mayor peso por la que el Ministerio los ha retenido.
Ninguno de los museos estatales de gestión directa o transferida ha perdido desde entonces la titularidad estatal. Pero observen que en esas fechas se discutía un asunto extremadamente peliagudo sin que nadie se pusiera demasiado apocalíptico.
¿Son muchos o pocos los museos estatales? Y, sobre todo, ¿es lógico que cada uno de ellos tenga esa condición? Una persona tan sensata como María Bolaños afirmaba en su estudio canónico Historia de los museos en España: “El proceso –de transferencia a las Comunidades– se ha verificado, aunque con importantes conflictos por la dificultad de establecer límites precisos entre titularidad y gestión o por la arbitrariedad a la hora de determinar los criterios que regulan el que un establecimiento sea o no de gestión estatal”.
En España hay, según CULTURABase (Ministerio de Cultura y Deporte) 1.461 museos censados. De ellos, 1.074 son públicos: 169 son de titularidad estatal, 155 de titularidad autonómica y 718 de titularidad local. Entre los que pertenecen al Estado, 84 dependen del Ministerio de Educación y Cultura, pero 62 de ellos tienen la gestión transferida (59 a comunidades autónomas y 3 a administraciones locales). El Ministerio gestiona directamente solo dieciséis museos pero dependen de él otros cuatro con mayor autonomía o asociados a otros organismos: el Prado (ente público), el Reina Sofía (organismo autónomo), el Museo Nacional del Teatro (que gestiona el INAEM) y el Museo de la Biblioteca Nacional (vinculado a esta). Además participa en los órganos de gobierno del Museo Thyssen Bornemisza y el Museo Lázaro Galdiano, pertenecientes al sector público estatal, a cuya financiación contribuye. En cuanto a los 21 que gestiona Patrimonio Nacional, ninguno es propiamente un museo: son palacios y conventos que contienen obras de arte más o menos importantes.
¿Cuántos de los museos estatales no transferidos están en Madrid? Exactamente la mitad: once de veintidós. De ellos, solo son claramente “nacionales” el Prado, el Reina Sofía, el Arqueológico y el de América, a los que podrían sumarse otros tres de menor entidad: el de Antropología, el del Traje y el de Artes Decorativas. En realidad, son muy pocos los museos “descentralizables”. El “federalismo cultural”, en materia museística, es un hecho.
Y no crean que ser un museo estatal es la bicoca. Con excepción del Prado y el Reina Sofía, que manejan abultados presupuestos (en comparación con el resto de museos españoles pero no con instituciones de su categoría en otros países), o del Thyssen-Bornemisza, que tiene su propio modelo de negocio, los museos de gestión ministerial directa rayan en la precariedad (y en alguna etapas se han hundido en ella).
Tomemos como ejemplo el más importante de esos museos “de verdad” nacionales que acabo de mencionar, el Arqueológico. En su Memoria del año 2020 se lamenta: “el funcionamiento de la institución ha generado un gasto algo superior a los seis millones de euros durante el ejercicio económico (…), si bien la caja fija del Museo sólo ha contado durante el año con una escueta dotación de 244.080,00 euros, lo que significa que el Museo apenas controla de manera directa un 4% de su presupuesto real”. Y estas son las piezas que enriquecieron la colección durante ese año (casi nada, aparte de la donación de 175 monedas o medallas):
Y, ya que hemos llegado al Museo Arqueológico, retomemos el asunto de la Dama de Elche. Lo primero que habría que subrayar es que, a pesar de que el museo depende muy directamente del Ministerio de Cultura y Deporte, tiene un Patronato, creado en 1999 mediante Real Decreto, al que se confía entre otras responsabilidades la de acordar la salida, cualquiera que sea su destino, de obras artísticas fuera de las instalaciones del Museo o de los locales determinados en los respectivos contratos de depósito y solicitar la preceptiva autorización del Ministerio de Educación y Cultura, previo informe del Director del Museo.
¿Hay acaso una autorización del patronato para prestar la Dama de Elche? No lo sé, pero sí se ha hecho alusión a informes, contrarios, procedentes del museo. ¿Cómo puede estarse debatiendo este tema en los despachos de los políticos y en los medios cuando hay unos canales establecidos que se deben seguir? En el patronato del Arqueológico hay en este momento, desde luego, cargos políticos, pero también directores de museos, investigadores, académicos, catedráticos y empresarios que apoyan económicamente a la institución y que deberían tener algo que decir al respecto. Si no fuera porque muchos de los patronatos de museos españoles están de adorno.
Si Elche estuviera organizando una deslumbrante exposición de arte íbero, podría entender que el patronato aprobase el traslado de la pieza, a pesar de que ya ha estado allí dos veces, en 1965 (para el VII centenario del Misterio de Elche) y no hace mucho, en 2006 y durante medio año, en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Pero de las declaraciones del alcalde Carlos González se desprende que se trata de una cuestión de propaganda política (la Dama estaría en Elche en vísperas de las elecciones municipales en mayo de 2023) y de estrategia turística: “el retorno de esta valiosa escultura no solo supone dar satisfacción a un anhelo colectivo o al deseo de toda la ciudad, sino que queremos que se convierta en una palanca de impulso turístico y cultural del municipio, así como en un factor que contribuya a dinamizar la economía y el empleo”.
El alcalde sí ha mencionado una “gran exposición de arte íbero” que estaría en marcha, sin dar detalles. Para llevarla a cabo necesitaría un equipo científico, la colaboración de muchos museos internacionales y mucho dinero. ¿Cuenta con todo ello? Algo no cuadra, cuando un senador de Compromís, Carles Mulet, está ya anunciando que su partido pedirá una partida en los Presupuestos Generales del Estado para adaptar el Museo Arqueológico de Elche (que es de titularidad municipal) de cara a una posible visita de la Dama.
¿Se tiene mínimamente en cuenta la opinión no ya de los órganos de gestión del Museo Arqueológico sino, más en general, de los expertos en patrimonio? No sé cuántas veces se ha llevado a la arena política el préstamo o la entrega definitiva de la escultura a Elche. Pero, miren, en 1997 el municipio solicitó el préstamo durante dos meses para celebrar el centenario de su hallazgo. El asunto llegó al Congreso y al Senado, que respaldaron mediante proposición no de ley el viaje (a la vez que pedían que se prestase el Guernica al País Vasco), pero la ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, se opuso, apoyándose en el dictamen de la Junta Superior de Museos. Generalmente, los políticos opinan y votan según les conviene: este mismo año, la cesión permanente de la Dama volvió al Senado… y fue rechazada.
En 2006, Carmen Calvo constituyó una comisión de expertos integrada por historiadores, químicos, arqueólogos y restauradores (ignoro si dio nombres) para evaluar la pieza y emitir un informe, que fue aprobado por el patronato del museo. No creo que este tuviera opciones reales de disentir. El alcalde de Elche era en ese momento Diego Macià, socialista.
Como el préstamo temporal y no digamos el traspaso son muy complicados, los políticos han buscado otras fórmulas. En 2012 el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley para fundar un Museo de Arte Ibérico Nacional en Elche en el que, por supuesto, habitaría la Dama. La moción no fue aceptada. En 2016, el Ayuntamiento de Elche comunicó que iba a formar una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana para promover una subsede del Museo Arqueológico Nacional en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, con el mismo fin. En 2017 se retomó la idea de un museo ibérico en la localidad, pero ya no nacional. Nadie parece consciente de la enorme dificultad que supondría crear ex novo un museo con piezas de esa cultura: deberían tomar nota del estrepitoso fracaso del Museo Íbero de Jaén. Como no lo hagan, según la moda, “inmersivo”…
En los últimos años la Dama ha paseado sin cesar por el Parlamento (un ejemplo aquí) y las presiones políticas han ido en aumento. Aunque se vio obligado a integrarse en la comisión bilateral mencionada (en junio de este año) José Manuel Rodríguez Uribes había aguantado antes el envite con los argumentos adecuados, apelando a la normativa estatal sobre patrimonio y museos, y recalcando que la decisión recaía en el patronato del Arqueológico. Es muy posible que Lola Jiménez-Blanco (nombrada por él Directora General de Bellas Artes) siguiera esa misma pauta… sin contar con el favor del actual ministro.
Miquel Iceta está en modo veleta, regulando su postura sobre el traslado según de dónde venga el viento. Primero que “seguramente sí”, luego que “no se compromete” y ahora “se muestra receptivo”. Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, le está apretando las tuercas. Veremos cómo sale del trance.
Concluyo. Aunque queda realmente poco por descentralizar, el diseño global de los museos estatales no parece del todo bien definido y sería posible, hasta necesario, reconsiderar la gestión o la titularidad de algunos de ellos en una visión de conjunto razonable y eficiente. Quizá unos saldrían beneficiados, quizá otros no: el mangoneo político de las instituciones culturales está a la orden del día y es más fácil que se produzca en el contexto autonómico o local que en el nacional. Pero esto se puede hablar, como ya se hizo (sin consecuencias) antes. Lo que, me parece, no se debería hacer es repartir museos o piezas a conveniencia, y menos cuando se trata de las instituciones “verdaderamente” estatales, las que nos representan a todos y nos prestigian ante el mundo. Y, desde luego, no se puede tratar de ello como parte de negociaciones de otra índole entre administraciones o en el seno de los partidos. Es un asunto de Estado en el que los expertos en patrimonio han de ser escuchados.
