Morosos

Lo dramatizaba el viernes pasado Ignacio García May en su Portulanos en forma de conversación entre el representante de Hacienda del ayuntamiento de turno y una compañía a la que se debe una función teatral. Las administraciones públicas son las campeonas de la morosidad y en el sector cultural, como en otros, los retrasos están provocando situaciones verdaderamente angustiosas. Es un problema generalizado y bien conocido del que recuerdo sólo algunos datos. La Ley marca que en 2011 las facturas que se presentan a las administraciones deben ser pagadas en 55 días pero esta exigencia no suele cumplirse. Mientras en Europa el plazo medio es de 67 días, en España es de 158 (más de 5 meses). Algunas comunidades autónomas superan el año y ninguna se ajusta al plazo legal. Es tan generalizado el abuso que proliferan los bufetes de abogados especializados en las reclamaciones al sector público, así como las guías y cursos para llevar a juicio a las administraciones. Hasta se ha creado una Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Las cantidades adeudadas son escalofriantes: se calcula que la Administración en conjunto debe 35.000 millones de euros a las empresas, de los cuales 12.000 corresponderían a los autónomos y microempresas. En este último segmento se sitúa casi toda la actividad económica del arte contemporáneo. Y una última cifra para poner en contexto el caso concreto al que voy a referirme:el Ayuntamiento de Madrid es el que más dinero adeuda a las empresas, con un total de 7.800 millones de euros.

El Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, a través de Matadero, convoca desde hace algunos años unas Ayudas a la Creación y a la Movilidad Internacional que, según está el panorama, suponen un importante apoyo a los artistas y a los colectivos que trabajan en precario para fomentar la producción y la difusión del arte. Están bien planteadas: se otorgan mediante convocatoria abierta, se designan buenos jurados con participación de los propios solicitantes y no están mal dotadas, aunque la necesidad de repartir entre muchos haga que las cantidades entregadas sean a menudo modestas. Pero ayudan. En los últimos meses se han puesto de manifiesto dos grandes problemas relacionados con ellas: los enormes retrasos en el pago y las dificultades que tienen los beneficiarios para presentar la preceptiva justificación de las ayudas. En 2009 formé parte del jurado que valoró las candidaturas para las ayudas a la Movilidad Internacional de Matadero. Entre los proyectos elegidos figuraba Aportación de contenido económico a 25 mujeres de Ciudad Juárez, de Josechu Dávila. Me acompañaban en el jurado Eugenio Ampudia, Javier Hontoria, Oliva María Rubio, Paz Santacecilia y, en calidad de presidenta y de representante del Área de las Artes, Cristina Conde de Beroldingen.

Nos pareció un proyecto muy arriesgado y, de hecho, telefoneamos al artista durante la reunión para asegurarnos de que era consciente de las implicaciones que podía tener y de que sabría hacer frente al peligro que podría suponer para él y para otras personas su realización. Pero también creímos que era valiente, poético e incisivo, y apostamos por él. Muy resumidamente -les remito a la memoria redactada por Dávila- consistió en entregar 5.000 pesos en mano a mujeres con las mismas características que abundan entre los centenares de asesinadas en Ciudad Juárez: trabajadoras pobres, jóvenes, menudas, morenas y con pelo largo. La acción se basó, como los crímenes, en una selección previa, realizada en este caso no por sicarios sino con la ayuda de organizaciones sociales, y contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Museo de la Ciudad y la Fundación Arthis. Un agente desconocido provoca un giro en el destino: la muerte en un caso y la “lotería” de un dinero inesperado en el otro. Ellas no deberán saber por qué les llegan los 5.000 pesos ni el artista, que hace la entrega en barrios peligrosos disfrazado de mensajero, verá cómo abre el sobre, su reacción. No se hicieron fotos y se destruyó la documentación, como desaparecen los cuerpos de las secuestradas. Sólo queda el relato. Y un proyecto paralelo, 350X100X100:Dávila enterró en el desierto de Juárez un bloque de hormigón de esas medidas, sobre el que se clavó un cartel idéntico al que da la bienvenida a la ciudad a los visitantes que llegan desde El Paso, haciendo alusión a los múltiples enterramientos clandestinos de las víctimas del feminicidio.

Todo fue complicadísimo. Recibió el dinero de la ayuda en septiembre y se fue para México en noviembre. Regresó en abril de 2010. Ahora, el Ayuntamiento considera que la obra no se ha realizado porque se ejecutó fuera de plazo -debía finalizarse antes del 31 de diciembre de 2009- y porque no se presentó a tiempo la justificación. Le reclaman los 9.000 euros que se entregaron a las mujeres y lleva meses de pleitos. No cumplir los plazos ante la Administración cuesta caro. No sé si Dávila conseguirá clemencia sin una intervención de los responsables políticos, porque supongo que los burócratas ni quieren ni pueden saltarse las normas. Creo que se equivoca al volcar su frustración en reproches personales contra el alcalde o contra Cristina Conde. Esto funciona así. La Administración es inflexible cuando se trata de pedir cuentas al ciudadano. Pero no vayamos a pedir cuentas nosotros a la Administración. O a reclamar deudas.

En febrero de este año, los Agentes Artísticos Independientes de Madrid (AAIM) arremetieron también contra Matadero. No habían recibido aún, con casi un año de retraso, las Ayudas a la Creación de 2010, que suelen concederse en primavera. Son pequeños espacios autogestionados con programaciones alternativas y pocos medios, que se atreven a realizar determinados proyectos artísticos sólo si cuentan con algún apoyo económico pues de otra manera no podrían financiarlos. Al aprobarse las ayudas los ponen en marcha y se encuentran, al no llegar el dinero, con que tienen que paralizarlos o convertirse ellos mismos en morosos al no poder pagar las facturas. “Por si ello no fuera suficiente -decían-, se nos ha advertido de que en caso de que incumplamos nuestra programación, se nos retirará parte de lo ya aprobado (y no percibido) “.

El impago de ayudas y subvenciones podrá parecer a algunos tolerable en comparación con los impagos de facturas por servicios o bienes. Pues también tenemos de eso en el ámbito del arte. Comisariados que se facturaron en 2009, se declararon a Hacienda, se ingresaron los impuestos correspondientes… y aún no se han cobrado. Ocurre incluso con cantidades pequeñas, que no justifican tales demoras: un texto para un catálogo de 500 euros puede tardar en cobrarse, fácilmente, seis meses. A las galerías lo normal es que tarden 5 o 6 meses en pagarles una obra vendida; eso en el mejor de los casos, pues algunos museos o instituciones pueden tardar hasta dos años. Por supuesto, la galería pagó el IVA en su momento e incluso es posible que tuviera que adelantar al artista su 50%. Para reclamar sólo cabe el recurso contencioso-administrativo, que exige la contratación de un abogado y nos cierra puertas a futuros encargos. Las arcas, nos dicen, están vacías. Los museos y centros, sin presupuesto y con cajones llenos de facturas sin pagar. Pero sí lo hay para las obras faraónicas del palacio de Correos en Cibeles, por poner un ejemplo.

Ya podrían los ayuntamientos y comunidades ofrecer a quienes desarrollan actividades culturales las “facilidades” que se conceden a sí mismos para saltarse la Ley. Habrá quienes saquen tajada de subvenciones o ayudas y es necesario ejercer algún control. Pero que sea un control que se fundamente en la calidad artística, en los resultados, no en los plazos y la memoria económica.