No es exclusivo del Ministerio de Cultura y Deporte, ya lo sabemos. El personal eventual que conforma la cúpula de los departamentos ministeriales se oculta muy cuidadosamente, cuando debería ser una información ofrecida de manera proactiva. Se amparan para no hacerlo en que la Ley 19/2013, de Transparencia limita la obligación de publicar nombres y sueldos a las plazas con categoría de “alto cargo” y a los máximos responsables de las entidades públicas. Los asesores no son considerados altos cargos, a pesar de que tienen “nivel orgánico de Subdirector General” (art. 23.2 del Real Decreto 139/2020) y una remuneración acorde. Es una anomalía democrática y una patada a la Ley de Transparencia, la cual, no obstante, obliga (apuntalada por sentencias como esta del Tribunal Supremo) a los ministerios a facilitar los datos cuando cualquier ciudadano los solicita.

Un día después de la dimisión de Lola Jiménez-Blanco como Directora General de Bellas Artes, me pregunté en qué manos quedaba el Ministerio y presenté una solicitud en el Portal de la Transparencia de la Administración del Estado para conocer quiénes son los asesores de Miquel Iceta. Sabía que tendría respuesta pues había ya requerido la misma información, referida al gabinete de José Manuel Rodríguez Uribes, que les transmití aquí mismo, en el artículo Misterio en el ministerioHace unos días recibí la resolución, una respuesta incompleta –pues se omitía algún nombre, como veremos y, sobre todo, no se especificaban, como yo pedí, las funciones que cada uno de los asesores desempeña– firmada por el Subsecretario de Cultura y Deporte Eduardo Fernández Palomares. Tras hacer algunas averiguaciones, paso a describir la cúspide de la pirámide de poder en el Ministerio y los “vicios” (malas costumbres) que detecto en ella.

Empiezo por las personas de la mayor confianza del ministro, ya conocidas: Víctor Francos y Patricia Rafael Lage, que sí son altos cargos. Es importante que los caracterice porque algunos de los nombramientos de asesores, sospecho, se explican por sus afectos e intereses.

Víctor Francos, Secretario General de Cultura y Deporte

En febrero de 2021, justo después de esas elecciones y al poco de llegar Iceta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, le nombró Secretario de Estado, y luego, en julio del mismo año, se lo llevó a Cultura como mano derecha. Así de frenética es su carrera más reciente.

En Cultura, Francos ha asumido un papel similar al de jefe de campaña. Está, como buena parte del equipo del gabinete del Ministro, al servicio de sus estrategias políticas –Iceta tendría los ojos puestos en Cataluña– y de su imagen. No hay diálogo sino imposiciones en la relación del Secretario General con las direcciones generales que de él dependen: la del Libro y Fomento de la Lectura, la de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y la de Bellas Artes. Esto es grave pero también es preocupante su presencia en los patronatos de instituciones culturales como el Museo del Prado (y está en la comisión permanente), el Museo Thyssen-Bornemisza.

Cobraría 100.204,18 € anuales (me baso en los datos del portal de transparencia para 2020).

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Patricia Rafael, Jefa de Gabinete

En el extremo contrario a este hombre de partido, la Directora del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte, Patricia Rafael Lage (Madrid, 1977), tenía muy poca experiencia política antes de ser fichada también por Salvador Illa. Es periodista y había trabajado como freelance para varios medios de comunicación, siendo su colaboración con eldiario.es la más prolongada (2013-2018) y más reciente. En 2005, durante seis meses, realizó labores de prensa para la Dirección General de Información Internacional siendo Secretario de Estado de Comunicación Miguel Barroso y entre 2010 y 2012 trabajó para el PSOE, a las órdenes de Pedro Zerolo (Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG), en tareas de documentación y comunicación. En julio de 2018, Carmen Montón, efímera Ministra de Sanidad (dimitió por el asunto del plagio de la tesis), la nombró asesora, seguramente por afinidad en la militancia por los derechos sociales y de las mujeres. Y ahí la encontraron Luisa Carcedo y Salvador Illa, los sucesores de Montón en ese Ministerio. En el gabinete de este último coincidió con Víctor Francos y los dos fueron “heredados” y ascendidos por Miquel Iceta, al que se unieron ya en el Ministerio de Política Territorial y al que siguieron a Cultura. Patricia Rafael ha hecho periodismo político y social, nunca cultural.

Tiene rango de Subdirectora General y cobra un sueldo de 88.946,54 €.

Vamos ya con los asesores.

Miriam Lorenzo, Directora de Comunicación

(Oviedo, ¿???) va de la mano de Patricia Rafael. Periodista de formación, fue reportera durante once años en el canal CNN+, del grupo Prisa, en Cuatro y en eldiario.es, donde escribía sobre espectáculos musicales. En 2011 fue contratada por la Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía, para coordinar su estrategia digital. De ahí pasó, en julio de 2018, al mismo tiempo que Rafael, al gabinete de Carmen Montón, como “consejera técnica de información”. María Luisa Carcedo, que la heredó, la ascendió a Directora de Comunicación. Salvador Illa la mantuvo en esa posición hasta que dejó la cartera y tras acompañar a este en su campaña catalana, Lorenzo se fue con Iceta –y con Patricia Rafael y Víctor Francos– a Política Territorial con el mismo con ese cargo hasta que fue promovida aquí, en Cultura, a asesora.

Es revelador que, disponiendo de un aparato de prensa tan amplio, Iceta incluya a dos periodistas en su círculo político de mayor confianza, seguramente para que protejan su imagen. El departamento de comunicación del ministerio tiene, además, tres “jefas de prensa” que son también “personal eventual”: Vanessa Pi, que se une al equipo Rafael-Lorenzo en Sanidad, en la etapa de Carcedo; Sarah Soulami, que se suma en la etapa de Illa; y Silvia Calado, que entra en Cultura con Rodríguez Uribes. Y al menos otros cuatro periodistas a sus órdenes.

Por otra parte, en ese gabinete se ponen de relieve las relaciones estrechas entre ciertos medios de comunicación con los partidos y cómo, cuando estos están en el poder, tales medios colonizan las instituciones y los departamentos de gobierno.

Miriam Lorenzo, con nivel orgánico de Subdirectora General como todos los asesores oficiales, ha cobrado, según los datos que me proporciona el Ministerio, 36.528,81 € entre julio y diciembre de 2021 (serían unos 62.500 € al año).

Joan Francesc Marco, asesor para Cataluña

Viejo amigo de Miquel Iceta, coincidieron ya en el PSP de Tierno Galván, en el que el actual ministro ingresó muy joven, con 17 años. No mencionaría esto por respeto a la intimidad de ambos si no fuera porque lo ha contado abiertamente Iceta: Marco fue un referente para él en el activismo gay. Cuando se hizo con el poder en el PSC, en 2014, lo incluyó en la ejecutiva del partido como Secretario de Cultura.

El nombramiento se comunicó en septiembre y, según los datos de la resolución, ha percibido 27.137,17 € en 2021. Por cuatro meses (a no ser que empezara a cobrar antes). Eso supondría unos 81.000 € anuales, una cantidad superior a la que reciben el resto de asesores. No sabemos si le han puesto despacho en Barcelona o trabaja, al teléfono, desde casa.

Gonzalo de Pedro, asesor

Hace unos días, OKdiario atribuía este nombramiento (que De Pedro no ha ocultado, al contrario de lo que hacen otros asesores) a sus amistades en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que es un organismo autónomo dependiente de Cultura y Deporte: Beatriz Navas, su Directora General –colaboró asiduamente con La Casa Encendida, cuando ella era responsable de audiovisuales allí– y Josetxo Cerdán, director de la Filmoteca Española, con el que había coincidido (navarros los dos) en el Festival Punto de Vista y en el departamento universitario en el que este es catedrático. Ambos formaron parte del jurado que le eligió en 2018 como director de la Cineteca.

Ha cobrado, desde octubre, 12.059,13 €. Su remuneración anual sería de unos 48.000 € (pero me extraña la cifra: los asesores suelen rondar los 60.000).

María Navarro Palacio, asesora

Les refresco la memoria. Pere Navarro fue alcalde de Terrassa entre 2002 y 2012 y Primer Secretario del PSC (cargo en el que recae el liderazgo de este partido, siendo la presidencia más bien honorífica) entre 2011 y 2014, con muy malos resultados electorales durante su mandato. Pedro Sánchez lo incluyó en ese último año en la ejecutiva del PSOE, donde permaneció hasta que el hoy Presidente fue obligado a salir de ella, en 2016. Al poco de recuperar las riendas del partido en 2018, gracias en buena parte a los apoyos en Cataluña, le nombró Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, con una remuneración de casi 170.000 €.

No sé hasta qué punto Miquel Iceta y Pere Navarro son amigos o enemigos, pues fueron rivales en el PSC. Pero sí deduzco que Navarro y Víctor Francos deben de ser uña y carneCuando Navarro era líder del PSC, Francos fue su Coordinador General (2011-2013) y su Director de Gabinete (2013-2014). No puede ser casual que muy poco después de que el primero pasase a dirigir la Zona Franca, el segundo fuera nombrado Director del Parc Tecnològic del Vallès (entidad participada por la Generalitat y el Consorcio de la Zona Franca; 2018-2019) y a continuación, ya sí con seguridad por designación de Navarro, Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa del mismo Consorcio (2019-2020). No tengo los importes pero se pueden imaginar los sueldazos.

Amistad, agradecimiento… Aquí tenemos a la inexperta hija de Navarro, con apenas 30 años, como asesora ministerial. En 2021 cobró 29.635,07 €. Como no sabemos en qué mes llegó no puedo calcular el total; podría ser el doble de esa cantidad.

Txema Urkijo, asesor

Es el único de los cinco asesores “oficiales” que ya formaba parte del anterior gabinete, el de Rodríguez Uribes. Ya tracé su perfil en el artículo precedente en esta “serie” así que lo repito aquí:

José María Urquijo Azcárate (Llodio, Álava, 1961) es licenciado en Derecho y ejerció la abogacía hasta 2002, cuando empezó a desempeñar diversas responsabilidades en el área de Paz, Convivencia, Derechos Humanos y Víctimas del Gobierno Vasco entre los años 2002 y 2014 (ver su web para más detalles). En esa etapa tuvo trato frecuente con Rodríguez Uribes, siendo este Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Fue consultor independiente entre 2014 y 2016, cuando Manuela Carmena lo ficha como asesor del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, con una remuneración de 71.216,34 €. Fue cabeza de lista de Más País-Candidatura Ecologista en las elecciones de noviembre de 2019, por Vizcaya.

Y reitero la pregunta que hice entonces: ¿qué hace en el Ministerio alguien con una trayectoria profesional muy respetable y amplia pero tan alejada de la cultura o del deporte? Su experiencia sería más útil en el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, me informan de que es una persona sensata y útil. Su retribución anual en 2021 fue de 64.920,98 €.

Ignasi Camós, vocal asesor

. No figura en la lista enviada por el Ministerio pero me aseguran que cumple funciones de asesor en toda regla allí –con remuneración acorde– y así lo recoge Acción Cultural Española (AC/E) en su web, al presentarlo como miembro de su Consejo de Administración en calidad de “Asesor del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte”. Y se le ve junto al Iceta en fotografías de reuniones varias.

Funcionario de carrera (A1-C), Ignasi Camós Victoria (1969) es desde 2003 Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Girona. Hizo sus pinitos políticos en la Federación de Barcelona de la Joventut Socialista de Catalunya, de la que fue Primer Vicesecretario en 1994. En 2006 fue Adjunto a la Secretaría de Inmigración de la Generalitat de Catalunya. En el Departamento de la Presidencia de esta comunidad autónoma, con el socialista José Montilla en el cargo, fue entre 2007 y 2008 “Responsable técnico de Apoyo a las personas del Departamento”, en 2008 asesor en políticas sociales y, sin fechas precisas, pasó por la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. Creo que puedo asegurar que coincidió en ese gabinete de Montilla (2006-2010) con Víctor Francos, que fue allí y en ese período Director de Relaciones Parlamentarias.

Entre 2008 y 2011 fue “vocal asesor” para asuntos internacionales de Valeriano Gómez (PSOE, después fue ministro) en la Secretaría General de Empleo (Ministerio de Trabajo), permaneciendo en el departamento con la sucesora de este, Mari Luz Rodríguez. Después, en 2011 y 2012, fue consejero de empleo en la Representación Permanente ante la Unión Europea, con Alfonso Dastis (PP). En 2018 volvió a la arena política, con Magdalena Valerio (PSOE) en el en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018-2019) –que sí son, todas, áreas que domina, también desde el punto de vista académico–, no sabemos en qué puesto “de confianza”, eventual. En 2020 fichó como “asesor coordinador del Área Parlamentaria” en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con Teresa Ribera.

Entró en julio en el gabinete de Iceta. Una de sus tareas allí es dirigir la comisión interministerial para la elaboración del Estatuto del Artista. Me dicen que, como Urquijo, es alguien que orienta en positivo.

María Pérez Sánchez-Laulhé, Jefa del Gabinete del Secretario General de Cultura y Deporte

Los otros eventuales

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, limita a cinco el número de asesores que puede tener un ministro (art. 23.2) pero abre la puerta a una ampliación (23.4): “Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones sociales podrán ser cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal eventual que se regirá, en todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas disposiciones aplicables al personal de los Gabinetes de los titulares de los Ministerios”.

En el gabinete de Miquel Iceta hay mucha gente y solo los/las secretarios/as y unos pocos puestos técnicos son funcionarios. Lo sabemos por la Relación de Puestos de Trabajo de los Ministerios que publica el Portal de Transparencia (sin nombres y con remuneraciones incompletas). Según la RPT, Miquel Iceta necesita, además de cinco asesores, un “puesto de trabajo” y un/a vocal asesor/a, todos con nivel 30, el máximo de la Administración, que cuentan cada uno con su secretario/a. A ellos se suman tres consejeros/as de información (¿sus tres jefas de prensa?) y un consejero/a técnico/a, todos con nivel 28.

Adicionalmente (vean en este otro cuadro, correspondiente al personal laboral), tiene en su gabinete a tres personas que le asesoran en su “imagen personal y corporativa” (nivel 28) y cuatro periodistas a los que ya hice alusión.

Y cuenta con una batería de secretarios (solo para él):

Víctor Francos, con rango de Subdirector General, tiene su propio Gabinete Técnico, encabezado por la mencionada María Pérez e integrado por dos “puestos de trabajo” y dos “vocales asesores/as”, todos de nivel 30, que ha cubierto mediante libre designación.

Y añadan a su equipo estos cinco secretarios.

No voy a cansarles más pero el Subsecretario de Cultura y Deporte, Eduardo Fernández Palomares, cuenta también con su Gabinete Técnico con varios integrantes de libre designación y nivel 30 (lo pueden ver ustedes en la RTP).

El Estatuto Básico del Empleado Público define (art. 12) al personal eventual como aquel que “en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. En la única relación más o menos completa que ha publicado un gobierno, el de Mariano Rajoy en 2015, se distinguen tres tipos: “asesor en materia competencia del departamento”, “asesor parlamentario” y “asesor en materia de comunicación”. En los cinco que corresponden a cada ministro (nueve a las vicepresidencias) deberían incluir todas esas funciones, excepto las de “prensa o relaciones sociales”, que se pueden cubrir como hemos visto con más personal eventual. Pero, como decía, en la cúpula de Cultura y Deportes hay mucha gente. Y seguramente ocurre lo mismo en otros ministerios.

Y hay otra cosa. La asesoría en los ministerios parece estar en vías de convertirse, para algunos, en una ocupación más o menos estable. Ya han visto en las biografías profesionales esbozadas aquí que ciertas personas enhebran puestos eventuales saltando de unos ministerios a otros, sobre todo cuando un mismo partido se mantiene en el poder (o regresa a él). Este perpetuarse en puestos pseudo-funcionariales no solo va en contra de la excelencia y la igualdad de oportunidades que garantizarían las oposiciones en la Administración Pública sino que deja ver un tipo de carrera paralela basada en redes clientelares en la que los funcionarios ajenos a ellas no tienen opciones.

En el Estatuto Básico del Empleado Público se deja muy claro que el nombramiento y el cese del personal eventual es libre y que “el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento”. Lo que pasa es que los cesan y los vuelven a nombrar. Es algo que ya ha llamado la atención de la prensa: vean estos artículos en Civio y en Newtral, donde hacen un revelador recuento: de los más de 300 asesores que pasaron por el Gobierno de Sánchez en 2020, más de 70 fueron nombrados en años anteriores.

En la resolución del Ministerio me incluían los nombres de los tres asesores que corresponden al Consejo Superior de Deportes por ostentar su Presidente rango de Secretario de Estado. Son Nerea Huete, Jennifer Pareja y Lucía Santiago. Pero miren, en la web de este organismo se publican sin tapujos. No es que sea posible dar a conocer esta información: es que es imprescindible. Pero no bastan los nombres: hay que añadir los currículos, los sueldos y, sobre todo, explicar qué hacen en los departamentos que asesoran, por qué son necesarios. Son muchísimos millones los que las Administraciones gastan cada año en eventuales fantasmales.