El martes de la semana pasada el Rey inauguró la sala XX del Palacio de la ONU cuya cúpula ha sido decorada por Barceló. En los días previos arreció una tormenta mediática que puso en evidencia la cuestionable actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en todo este asunto. Pasado el huracán –aunque aún podría haber consecuencias políticas–, es momento de analizar en frío por qué se ha producido esta situación y qué conclusiones se pueden extraer de ella.
Lo que más ampollas ha levantado ha sido el coste del proyecto, junto a la procedencia de los fondos utilizados para financiarlo. Lo que se ha llevado Barceló, siendo una cantidad enorme de dinero -6 millones de euros, al parecer-, no excede su cotización actual. Recuerden que en octubre pasado la Dirección General de Bellas Artes compró en subasta un cuadro suyo, de 1988, por más de 800.000 euros. Y no es su récord, pues en 2006 otro anterior se remató en más de 1.200.000 euros. Tampoco es pertinente el argumento de que se invierta tanto dinero en algo “superfluo” como el arte cuando hay tantas necesidades más perentorias. Lo que las distintas administraciones invierten en cultura es poquísimo en comparación con cualquier otra partida; lo que se ha de exigir es que los gastos se estructuren bien y se diferencien. Y que sean proporcionales. No parece lógico que una sola intervención, la de Ginebra, suponga bastante más que el presupuesto total que la SEACEX –Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior– tendrá para el próximo año: 13,5 millones de euros, con un recorte de un 22% frente a lo solicitado, que le impide ofrecer ayudas a proyectos más allá de lo ya comprometido. O no mucho menos que los 30 millones que costará el enorme Centro de Artes Visuales proyectado por el Ministerio de Cultura. Y debemos, desde luego, exigir que todo el gasto sea público y transparente, al alcance de cualquier ciudadano.
El desvío de Fondos de Ayuda al Desarrollo a este proyecto se enmarca en la forzada vinculación entre cooperación/desarrollo y promoción artística defendida por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, a la que corresponde la coordinación de la acción cultura exterior. Una idea que sirve de argumento a Exteriores para mantener el control de la promoción internacional que le disputa Cultura. Las difíciles relaciones entre ambos han quedado patentes con la ausencia de Molina en los fastos de Ginebra. El ministro de Exteriores, por su parte, se ha hecho abanderado de la acción diplomática a través del arte. Cuestión con aristas. De una parte, está el evidente peligro de instrumentalización política del arte y, de otra, el de que la preferencia por los eventos ostentosos impida una presencia continuada y variada, más discreta, de los muchos artistas españoles que merecen estar en los circuitos internacionales. Merece atención, por otro lado, la creación de ONUART, la fundación pública-privada que ha financiado la cúpula. Grandes empresas, algunas de ellas multinacionales –y extrañamente la galería Art Gaspar entre ellas– han secundado los planes de Exteriores. Buena publicidad y buenas relaciones con el gobierno, pues, a través de esta fundación que se declara “con vocación de largo plazo” para “promover, entre las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, el potencial del arte para favorecer el diálogo y el entendimiento”. Está por ver qué pesa más: si el impacto negativo de las acusaciones o el éxito mediático de la inauguración. ¿Se desintegrará ahora ONUART o emprenderá nuevos proyectos? Miguel Zugaza nos informa de que no se han propuesto otros y, por otra parte contesta a nustras preguntas que, tras el fracasado intento de organizar con el Louvre una exposicon de Barceló sobre Dante y tras la inauguración del Casón con una acción del artista, “de momento no estamos pensando en ningún nuevo proyecto”.
Junto a la cuestión económica y a la de las competencias políticas, está la de las buenas prácticas. En el patronato de ONUART están José Francisco Yvars, el presidente del Patrimonio Nacional, los directores del Prado y del Reina Sofía y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. Pero cuando la fundación se estableció, en abril de 2007, Barceló ya estaba trabajando en la cúpula, y el encargo era bastante anterior. Es decir, estos expertos en arte nada tuvieron que ver con la decisión.
El Estado carece de criterios establecidos y consensuados sobre la difusión del arte español en el exterior. Cada organismo con competencias en este ámbito decide por su cuenta. Unos mejor que otros. Todo es cuestión de la sensatez del responsable de turno, de si considera necesario hacerse asesorar o no, de si trabaja con profesionales o se ve a sí mismo como entendido sin serlo. Desde los más altos cargos a los agregados culturales en las embajadas de España, que deciden ellos mismos buena parte de sus exposiciones o sus actividades. Son diplomáticos de carrera; algunos tienen la formación y el entusiasmo necesarios, otros no. SEACEX sí tiene un comité de asesores para su programa de arte contemporáneo, con un perfil mixto profesional/político –José Guirao, Chus Martínez, José Miguel Cortés, Antoni Nicolau y Jorge Fernández de Léon–, y piensa ampliarlo en breve; también otros organismos públicos con elevado presupuesto, como la SECC –Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales–. Ésta, vinculada a Cultura y promotora de algunas exposiciones de considerable carga ideológica, sufre un recorte del 30% y se queda con 10 millones de euros para 2009. Ambas sociedades estatales participarán en el que se prevé sea el próximo gran desembarco artístico-diplomático, en Bruselas: la presidencia española, en 2010, de la Unión Europea.
Se avanza poco, y a tropezones
La sociedad española exige buenas prácticas en todos los ámbitos y, en concreto, el mundo del arte las demanda con énfasis a través de las asociaciones de profesionales. Se dice que el propio gobierno difunde la consigna de promover la participación y la democratización, pero vamos avanzando muy poco a poco y a tropezones. Una de las razones es que una buena parte de los responsables políticos se resiste a cambiar su manera de concebir la gestión. Se aferran a la indiscutible circunstancia de que están donde están para tomar decisiones, legitimados por los votos, y no ven que esto no está reñido con el diálogo y con la delegación de determinados asuntos en manos de expertos. Hasta ahora las buenas prácticas –en el terreno artístico, el documento para museos y centros de arte- no tienen una existencia legal: son sólo recomendaciones. Lo único que ha aparecido en el BOE es la reforma de los premios nacionales de artes plásticas, en los que se cuenta con las asociaciones del sector para nombrar a los miembros de los jurados. Si no hay ley no hay obligación, y puede darse marcha atrás en cualquier momento –como en la elección del proyecto arquitectónico para el Centro de Artes Visuales, que tiene en pie de guerra a los arquitectos–. Pero aun no siendo normativo, ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento se ha decidido a firmar el documento: les asusta tener ese compromiso. El asunto de Ginebra es una mala práctica, así como la elección de Barceló para representar a España en la Bienal de Venecia. Ésta era, al parecer, una decisión tomada hace tiempo y es muy probable que para la próxima edición se cuente con un jurado de expertos. Pero en este momento se entiende como un paso atrás.
Y, mas allá de las buenas prácticas, cabe preguntarse si es una elección acertada. Entre los críticos, las opiniones sobre su obra están divididas. El hecho de que sea uno de los artistas predilectos del partido en el gobierno y de el diario El País, así como la disparatada cotización de algunas de sus obras en las subastas, le perjudica más que le beneficia a la hora de evaluar su obra. Creo que Barceló no debería estar en el Pabellón Español porque se ha estancado en una obsesión por lo matérico y una concepción de la pintura como gesto genial que no están en los debates artísticos actuales. Como ornamento para la cúpula es vistoso; en Venecia deberíamos evitar ese decorativismo.
Ayuntamientos
Todo lo anterior se refiere al gobierno estatal, pero en las autonomías y ayuntamientos hay muchos frentes abiertos. Se han hecho ya varios concursos para elegir directores: en Madrid (MNCARS), Gerona (CAC), Barcelona (MACBA), Tenerife (TEA), Móstoles (Dos de Mayo), Vitoria (Artium)… Es un importantísimo cambio, pero no ha habido avances en la autonomía de los centros. El MNCARS sigue sin ser agencia estatal y la mayoría de museos –los que no son fundaciones u otras formas de organismos autónomos– están férreamente supeditados a las respectivas consejerías de cultura. De nuevo, las relaciones con la comunidad artística dependen del talante de cada cual: en Palma de Mallorca se nombró a dedo a la directora de Es Baluard –aunque se ha anunciado posteriormente que su sucesor(a) será elegido mediante concurso–; en Segovia se ha visto el inaudito regreso de la anterior directora del Esteban Vicente; en Cataluña, Treserras se ha salido con la suya, a pesar de la fuerte protesta generalizada, en el desmantelamiento de Santa Mònica; en Madrid, Moreno ha ninguneado en pleno municipal el documento de buenas prácticas y ha nombrado coordinador general para Matadero sin contar con nadie. Este centro es particularmente esquizofrénico, pues su política de ayudas y becas es ejemplar por su planteamiento participativo y, al tiempo, como proyecto de intenso uso político que es, devora el grueso del presupuesto del ayuntamiento para el arte actual al margen del mundo del arte. Hay que mirar hacia adelante con optimismo y contribuir a crear un clima de opinión y de diálogo que favorezca las buenas prácticas, pero también denunciar públicamente estas situaciones que antes eran cotidianas pero que ya no se pueden tolerar.
En el Museo del Prado la situación es distinta: no ha habido concurso -y no parece que vaya a haberlo por ahora- pero por su especial estatuto jurídico cuenta con una gran autonomía. Como explica Zugaza: “Las buenas prácticas son un intento, extraordinariamente saludable de despolitización y profesionalización de los museos, empezando por la elección de la dirección de las instituciones. El Museo del Prado dio ya un paso importante en ese sentido con la aprobación de la ley reguladora de 2003 en la que, por primera vez, se otorgó al Real Patronato la potestad de iniciar tanto el procedimiento de cese como el de nombramiento del director”.
Por último, cabe pedir a una parte de la prensa que sea más seria en su tratamiento de los asuntos relacionados con el arte actual. Si exceptuamos las inauguraciones más destacadas, que “adornan”mucho en los cierres, buena parte de las noticias que aparecen sobre él en las secciones de cultura y en los noticiarios televisivos corresponden a escándalos sobre precios o a obras consideradas transgresoras. A menudo centrada en los mismos nombres. Tal enfoque es muy perjudicial para una gran comunidad artística que no se siente identificada con la imagen que se da de ella y que ve frustrados, cuando los hay, sus intentos de ser tomada en serio por la sociedad en la que se inscribe.
